El noroeste español acudirá al Supremo si no se retira la protección especial del lobo
Las organizaciones agrarias advierten de que pedirán la dimisión de Teresa Ribera e incluso la desaparición del Ministerio si mantiene la orden
Las comunidades autónomas de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia han lanzado este martes un ultimátum al gobierno: conceden un plazo de tres semanas - hasta el próximo 15 de junio- para que éste retire la orden ministerial por la que incluye al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lerpe). Si no lo hace, presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras reunirse con la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco. En el debate también han estado presentes representantes de las organizaciones agrarias, en nombre de las que acudieron el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González del Río; y el secretario general de Coag, Miguel Blanco, entre otros.
Tras la cita, en la que se renovó «el compromiso en favor la ganadería y el medio rural» y la postura contraria a la inclusión del lobo en el Lerpe, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que «no se está dando un no por el no», sino que «se está pidiendo la retirada de la orden ministerial y la creación de una mesa de trabajo para discutir todo sin ninguna línea roja y crear un censo nacional del lobo», en la que participen también representantes de las Opas, así como del Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura, entre otras organizaciones «antes de que el Ministerio publique la orden en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor el 25 de septiembre».
El consejero de Fomento y Medio Ambiente reivindicó la existencia de «una estrategia nacional en materia de biodiversidad» fuera de la que «no se puede adoptar ninguna decisión ministerial sin tenerla en cuenta». Por ello, consideró que necesita ser «renovada de abajo a arriba» para que se «elabore una actualización que se pueda remitir al Gobierno y se someta a un grupo de trabajo y una Conferencia Sectorial».
Por ello, en caso de que el día 15 de junio el Gobierno central no haya retirado el proyecto de inclusión de la orden ministerial en el BOE se considerará que no se ha respondido a su llamada el diálogo las cuatro principales comundidades autónomas loberas de España, «que cuentan con el 95% de los ejemplares existentes». El consejero ha adelantado que se verán «obligados» a «coordinar los censos nacionales».
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha afirmado que en España «el lobo goza de una buena salud» y también ha puesto de relieve la «importante labor de las organizaciones agrarias» para que «exista un equilibrio entre el lobo y el hombre» , particularmente en un momento en el que desde 2015 «se han duplicado el número de avisos de ganaderos por ataques del lobo, con hasta 1.000 reses más atacadas».
La labor de coordinación se ha producido hasta el momento en el que «se ha roto el consenso» con una orden ministerial en la que Vázquez ha trasladado que «llama la atención que solo recoge un argumento como es el valor ecológico y cultural, se expone que sigue criterios muy subjetivos que pueden dar lugar a una inconsistencia y se matiza que no se van a incrementar los recursos económicos». «Para garantizar la biodiversidad hay que tener diálogo y no podemos proteger a una especie para que otras se vuelvan más vulnerables», ha señalado.
Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, mostró su «preocupación» por la situación de «inseguridad jurídica» que se pueda producir en caso de que se incluya al lobo en el Lerpe, por lo que abogó por «renovar la estrategia nacional» para evitar incertidumbres como «la posibilidad de que los planes de gestión de las comunidades autónomas puedan seguir vigentes». Asimismo, consideró necesario «introducir a la ganadería extensiva en las políticas de defensa de la biodiversidad» , así como «nuevos presupuestos para ellos».
Para el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, la decisión tomada por el Gobierno de España es «un atentado contra el medio rural y un desprecio sin paliativos» por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que inicia «un camino que lleva a la despoblación». Una decisión en la que lamentó que «no se ha contado con las comunidades autónomas loberas», que «cuentan con el aval de gestionar durante muchos años al lobo y haber hecho que la especie haya incrementado el número de ejemplares».
Petición de dimisiones
El presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Pedro Barato, ha sido tajante y ha avanzado que si el Gobierno no retira el proyecto y convoca a las partes para sentarse a negociar, pedirán la dimisión de la ministra Teresa Ribera , al considerar que «están predominando los criterios ideológicos».
En este sentido, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Miguel Blanco, ha acusado al Miteco de «traicionar la confianza del campo en el diálogo para sacar adelante algo que solo puede tener éxito en el consenso» y con la que se pretende «imponer una visión urbanita frente a la realidad del campo».
Finalmente, el secretario general de la Unión de Pequeños Agicultores y Ganaderos de Castilla y León, Aurelio González del Río, puso de relieve que «los que están en peligro de extinción son los ganaderos de extensivo», que en el caso de la comunidad ostentan 14.000 explotaciones de vacuno y 2.000 de ovino, «ubicadas en los pastos de montes afectados por el lobo», que lleva a cabo «siete ataques diarios». González del Río se mostró partidario de pedir la desaparición del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el caso de que no se retire la medida.
