Ningún grupo de las Cortes secunda la declaración institucional de Vox sobre la «invasión» en Ceuta

Ningún grupo de las Cortes de Castilla y León secunda la propuesta de declaración institucional de Vox sobre la «invasión migratoria» en Ceuta, tras la entrada de miles de personas por el paso fronterizo de Marruecos. Fuentes del partido de Santiago Abascal han explicado en un comunicado recogido por Ical que esta formación presentó al resto de grupos su propuesta el pasado viernes y que ninguno de ellas decidió secundarla.

El texto aludía a que Ceuta y Melilla habían sufrido una «auténtica invasión migratoria sin precedentes en la historia reciente» y denunciaba que Marruecos había lanzado a más de 6.000 hombres, mujeres y niños contra las fronteras españolas, poniendo sus vidas en peligro para ser utilizados como «arma arrojadiza» contra España.

La declaración de Vox recogía que las «oleadas» de inmigración ilegal «descontrolada», que a su juicio generaban mafias de tráfico de seres humanos, son ahora ejecutadas por el Estado marroquí, que a juicio de este partido político ha alentado la llegada y la entrada ilegal de inmigrantes a territorio español.

A juicio de Vox la situación se ha vuelto «insostenible» para los compatriotas y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que en su opnión «siguen sin contar con los recursos ni materiales de intervención suficientes». Además, aseguraba que se habían llegado a vivir episodios de «inseguridad descontrolada».

Por ello, a juicio de este partido es «urgente» que España tome las acciones diplomáticas necesarias para restaurar la seguridad de sus fronteras y proceda a la devolución inmediata de cada inmigrante ilegal que ha entrado y cuya vida ha sido puesta en peligro por Marruecos.

Sin embargo, censuraba que el Gobierno, en vez de promover las correspondientes sanciones internacionales ante un acto de «chantaje», haya aprobado un pago de 30 millones de euros al país magrebí para cooperar con el control fronterizo. Por ello, Vox pedía a las Cortes que expresaran su compromiso con la defensa de las fronteras y la integridad de Ceuta y Melilla como «parte inseparable» del territorio nacional.

También pedía al Gobierno de España que tomara las medidas diplomáticas y coercitivas necesarias para garantizar la integridad territorial española y restableciera la seguridad y paz social en ambas ciudades autónomas. Por último, demandaba la expulsión inmediata, o la repatriación en el caso en el que proceda, de cualquier persona que entre ilegalmente en territorio nacional.