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Mercado laboral: flexibilidad, coordinación, seguimiento y diagnóstico
Un estudio de AIReF para Castilla y León recoge diversas recomendaciones para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo en la Comunidad
Avanzar hacia un modelo de prestación de servicios más flexible, que permita ofrecer una atención integral a los usuarios mejorando la coordinación entre los programas; reforzar la capacidad de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo, incorporando personal propio que permita llevar a cabo las acciones de orientación y acompañamiento a los desempleados, y promover el desarrollo de una herramienta de diagnóstico que incorpore toda la información de carácter sociodemográfico, de formación y de ámbito laboral. Son algunas de las recomendaciones recogidas en el estudio ‘Políticas Activas de Empleo en Castilla y León’, realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para conocer la efectividad real de las mencionadas actuaciones y mejorar las carencias.
El informe, dado a conocer este mes de diciembre por la ex consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, se diferencia de otras evaluaciones previas en que ha sido realizado por un órgano exterior como es la AIReF, organismo independiente de control fiscal creado en 2013 para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para garantizar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Del estudio, enmarcado dentro de la revisión constante por la que apostaba el Gobierno de coalición al frente de la Comunidad Autónoma para corregir disfunciones e inercias en la gestión pública, se desprende que las políticas de formación analizadas tienen un impacto positivo pero modesto en la empleabilidad, que se potencia cuando se acompañan de acciones de orientación e inserción.
Para mejorar la eficacia de la gestión, la AIReF sugiere apostar por un modelo de prestación de servicios más flexible, con una atención integral al ciudadano, una mayor coordinación entre programas, y disponer de más personal propio para reforzar la orientación y el acompañamiento a los desempleados. También cree oportuno que la Junta de Castilla y León aumente los recursos técnicos y humanos para planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas, mediante la creación de una unidad interna en el seno del ECyL.
Diferentes programas
Los dos primeros programas analizados de formación para desempleados: Formación para Desempleados (FOD) e Itinerarios de Orientación, Formación e Inserción (OFI). Los otros dos, el programa de Contratación de Desempleados de la Minería por Entidades Locales (ELMIN) y el de Contratación por Instituciones sin Ánimo de Lucro (PRORGAN), poseen una dimensión más reducida pues se enmarcan en el ámbito de las políticas de creación directa de empleo. Todos ellos se financian a través de subvenciones y su presupuesto conjunto asciende a unos 40,5 millones de euros, lo que representa una cuarta parte del gasto en políticas activas de empleo en Castilla y León.
Según refleja el estudio, los dos programas de formación mejoran la empleabilidad de sus participantes entre 5 y 10 puntos porcentuales, pero los efectos se diluyen en el medio plazo y dependen de la familia formativa. Por otro lado, el análisis encuentra que los efectos anteriores aumentan entre 10 y 15 puntos porcentuales si los cursos se acompañan de acciones de orientación e inserción, aunque no se reflejan mejoras en la calidad del empleo. En el caso concreto de la minería, confirma que contratación directa no conlleva beneficios sobre la empleabilidad posterior de las personas contratadas.
Además, se destaca una escasa orientación de las políticas a resultados, una ausencia de diagnóstico y tratamiento individualizado y una notable falta de recursos para efectuar el seguimiento y evaluación sistemáticos de los resultados de los programas, a pesar del elevado volumen de información que posee el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL).
Así, el estudio señala que el modelo de gestión supone una alta carga administrativa que conduce a programas generalistas fragmentados según la fuente de financiación, lo que origina solapamientos. Es decir, falta coordinación. AIReF cree necesario efectuar un doble esfuerzo: por un lado, que el Gobierno central aborde las reformas estructurales, al tiempo que se simplifican los procedimientos, se potencian las capacidades de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo y se desarrollan herramientas de diagnóstico avanzadas. Por otro, que la Junta de Castilla y León incremente los recursos técnicos y humanos dedicados a la planificación, seguimiento y evaluación de los programas, sobre todo con la creación de una unidad interna de seguimiento, con independencia de las evaluaciones ex-post y de medio plazo realizadas por organismos como AIReF.
Algo que debería plasmarse en una herramienta de diagnóstico con toda toda la información de carácter sociodemográfico y de nivel de formación, con objeto de fijar objetivos medibles y construir un sistema de seguimiento y evaluación estructurado y orientado al análisis de resultados. En concreto, el estudio propone que incluya objetivos definidos, indicadores de contexto, de ejecución y de impacto, junto a medios técnicos suficientes, personal estable y con perfiles analíticos, mediante la creación de una unidad de planificación y evaluación en el seno del propio ECyL.
Proyectos piloto
Con todo, cabe señalar que los programas evaluados se hallan limitados por un contexto laboral con una tasa de desempleo elevada, gran incidencia del desempleo de larga duración y una alta temporalidad. Aun así, el estudio permite formular una serie de propuestas generales para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo en la Comunidad, al apostar por una prestación de servicios más flexible, una atención integral a los usuarios y una mayor coordinación entre los programas. También apunta la conveniencia de ejecutar proyectos piloto para estimar el impacto de los programas antes de su puesta en marcha.
Finalmente, no menos significativa es la recomendación respecto a la necesidad de reforzar la capacidad de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo, mediante la incorporación de personal propio que permita llevar a cabo las acciones de orientación y acompañamiento a los desempleados.
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