Los médicos se oponen «radicalmente» al plan de la Junta para la sanidad rural

El sindicato CESM ( Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ) se opone «radicalmente» al plan de la Junta sobre los consultorios médicos del medio rural, pese a que asegura que es «consciente» de la necesidad de realizar cambios que enfrenten los graves problemas de la asistencia sanitaria en la Comunidad, según informó hoy en un comunicado.

En ese sentido, la organización sindical reclamó a la Consejería de Sanidad que retire el proyecto que de forma inicial se pondrá en marcha en la comarca de Aliste (Zamora) y «que se ponga a trabajar» en la negociación de propuestas «razonables». «No nos obligue a tomar otras medidas para defender una adecuada prestación sanitaria a los ciudadanos que viven en el medio rural y a los médicos que la prestan», advirtió.

De esta forma, el sindicato médico cuestionó el documento aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta , así como la forma en que se ha comunicado, puesto que criticó que no se haya presentado a los representantes de los trabajadores, ni a «ninguna mesa de negociación», ni de participación ciudadana.

En cuanto a que este modelo parte de las conclusiones de los grupos técnicos de trabajo sobre Atención primaria que convocó la Consejería en el anterior mandato es «totalmente falso» . «Estos grupos no llegaron a ninguna conclusión, ni a ningún acuerdo», señaló CESM.

«En resumen, que no se escondan en falsas conclusiones, este es el modelo de la Consejera, y no ha sido negociado con ninguna organización sindical, ni profesional representativa», sentenciaron.

Asimismo, indicó que la propuesta de la Junta surge para tratar de dar solución a un problema asistencial que a su juicio está provocado «por la falta de médicos, por la politización del debate sanitario y por la mala planificación de las Administraciones» . Ahora, añadió, se quiere solucionar con un plan que «duplica el trabajo de los profesionales, que provoca trasvase de competencias de los médicos a la enfermería, que pretende cambiar roles profesionales (para lo cual la Consejería no tiene competencias), además de modificar las condiciones de trabajo de los profesionales sin contar con sus representantes legales, degradando la calidad asistencial y los derechos de los pacientes».

«Es un proyecto que, además, carece de plazos y de la financiación correspondiente , que todo lo fía a proyectos piloto que producen inseguridad jurídica al precisar de cambios normativos, para algunos de los cuales las competencias no están en Castilla y León», concluyó.