Más teletrabajo para los empleados públicos, personalizado y con medios aportados por la Junta

Entre todas las lecciones que ha traído la pandemia está la de que el teletrabajo «ha llegado para quedarse», también en la administración pública, donde los empleados han demostrado «capacidad» para adaptarse y que la tecnología puede permitir la continuidad de la prestación de los servicios en las situaciones más adversas. Por ello, desde la Junta de Castilla y León se ultima ya el nuevo decreto que regulará esta modalidad de trabajo de cara a ampliar los supuestos en los que se puede aplicar, abrirlo a más sectores -incluidos Educación y Sanidad, y simplificar los trámites, según aseguró ayer el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

La intención es que sea un decreto «más aperturista» que el que ya existe, de forma que se identifiquen los puestos con posibilidad de realizarse en remoto en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). Así, tendrán posibilidad de acceder a este sistema a distancia «todos cuyas competencias se puedan desarrollar a través de las nuevas tecnologías» y también cuenten con capacidad para hacerlo. Si bien, se tendrá en cuenta el «equilibrio» cuando sea necesaria la presencialidad y la «armonización», de manera que los responsables deberán autorizar las solicitudes sin «descapitalizar los servicios» y estableciendo, incluso, turnos o rotaciones para poder disponer de teletrabajo si fuera necesario.

En ese sentido, aseguró que de los entre 85.000 y 90.000 empleados de la Junta, hay quienes lo tienen más difícil por el carácter «esencial» de su trabajo, como son los sectores sanitario y educativo, pero, no obstante, no se cierra la puerta a estos colectivos, que hasta ahora no tenían acceso, puesto que puede que haya algunas funciones que sí puedan desarrollar desde sus domicilios, aclaró.

Otra de las novedades que incluye el texto, que se aprobará previsiblemente en un «máximo» de cuatro meses, es que todos aquellos empleados que trabajen a distancia podrán disponer de medios aportados por la administración, como son los ordenadores y las licencias necesarias. Contempla, además, un «plan individualizado» para cada trabajador para buscar la mejor adaptación del sistema. Sin concretar la cifra de aumento de solicitudes que prevén, la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, sí aseguró que el incremento será «exponencial», al igual que la dotación de recursos para que los funcionarios que lo requieran puedan disponer de los medios materiales requeridos.Y es que el porcentaje de empleados públicos que dispone ahora de teletrabajo es aún bajo.

El consejero explicó que desde 2018, año en el que la Comunidad puso en marcha el sistema de forma pionera, se contabilizaron 716 solicitudes y en el inicio de la pandemia eran unas 200 personas las que tenían luz verde para desarrollar su labor desde sus domicilios. Pero con la llegada del estado de alarma, las peticiones se dispararon hasta superar el millar , de las que 661 están activas a día de hoy. El documento, colgado desde ayer en la plataforma Gobierno Abierto y que deberá negociarse ahora con los sindicatos, incluye, además, la regulación de la modalidad de trabajo en remoto «como forma excepcional de prestación de servicios en situaciones de alarma extraordinarias», como ha sido el caso de la epidemia de coronavirus, con muchos de los empleados públicos desempeñando sus tareas desde sus domicilios por seguridad.