Llaman a «colapsar» las dependencias de la Junta para pedir la devolución del «suplemento territorial» de la factura de la luz
El PSCyL insta a los ciudadanos a que reclamen 31 millones de recargo
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León advirtió este viernes de que un 1,5 millones de ciudadanos de la Comunidad están obligados a pagar 31 millones de euros en la factura de la luz, entre diez y doce euros anuales de forma individual, para compensar a las eléctricas por el impuesto de afección medio ambiental de 2013, conocido como suplemento territorial, por lo que animó a reclamar su devolución a la Junta.
Durante una rueda de prensa, el coordinador del área de Economía e Industria del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, y la portavoz socialista de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, pidieron a familias, autónomos y empresas que reclamen a la Junta las cantidades, ya que en los presupuestos de 2013 se acordó la creación de un fondo de compensación de las cantidades repercutidas a los ciudadanos por la aplicación del impuesto medioambiental.
José Francisco Martín criticó que la Junta no haya dicho nada de ese suplemento territorial que repercute en los consumidores y subrayó el «otro olvido», que es la creación del fondo, recogido en una disposición de la ley de Presupuestos de la Comunidad de 2013, del que se podrían beneficiar los afectados: 1.16.000 hogares, 194.000 autónomos y 162.000 empresas.
Aunque la cantidad identificada en el recibo de la luz como suplemento territorial por tributos autonómicos del año 2013 puede estar entre los diez y doce euros fraccionados al año para una factura tipo de 50 euros al mes de luz, Martín invitó a que se reclame y se les devuelva, como va a hacer él para entregar esa cantidad a la Asociación Española contra el Cáncer.
En tal sentido, animó a «colapsar las dependencias de la Junta con las solicitudes de devolución y a entregarlas a la causa de una ONG en Castilla y León, algo que realizó como una «llamada casi personal». A la Junta la solicitó, si bien estimó que no lo hará, que facilite la vida de la gente y se ponga en contacto con las eléctricas que facturan en la Comunidad para asumir dicho recargo a través del fondo y que no repercuta en los consumidores.
La Junta de Castilla y León creó en 2012 -momento de la crisis- como uno de los tributos propios el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, por el que entre 2012-2018 ha recaudado 387 millones, 61 en 2018.
El Grupo Socialista presentó una enmienda para la creación de un fondo de compensación, que se rechazó, aunque se recogió después en una disposición de los presupuestos autonómicos para el año 2013. En concreto, dice que se crea ese fondo para compensar las cantidades que por aplicación de dos artículos de la ley del Sector Eléctrico sean repercutidas a los consumidores. El fondo se dotará de los ingresos obtenidos del impuesto.
El suplemento territorial proviene de un Real-Decreto de 2012 del entonces ministro de Economía y Hacienda del PP Cristóbal Montero en el que se estableció que las eléctricas tenían que repercutir a sus clientes los impuestos medioambientales autonómicos que tuvieran que pagar. Después de numerosas sentencias, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha norma y el Supremo la anula en 2016, excepto en relación al año 2013, que sí tiene que ser repercutido a los consumidores.