El limbo jurídico que retrasó el desalojo de la fiesta ilegal de Zamora
La Junta de Castilla y León alega que tardó un día para tener garantías jurídicas, ya que «afectaba a derechos y libertades»
Una fiesta sin autorización, con jóvenes sin mascarilla ni respeto de la distancia de seguridad que superan en número a los vecinos del pueblo en el que se dan cita. Un caso en el que parece clara la intervención de las autoridades para poner fin al evento, y más si son los propios vecinos los que dan la voz de alarma y denuncian lo ocurrido ante la Guardia Civil. Pero en la fiesta ilegal de Vime de Sanabria , donde se dieron cita más de un centenar de jóvenes el pasado fin de semana, los participantes pudieron mantener la celebración durante 48 horas gracias a un limbo jurídico que retrasó hasta el domingo por la noche el desalojo y que ha desencadenado un cruce de acusaciones entre administraciones sobre la responsabilidad.
El Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria emitió este martes un comunicado para salir al paso de las manifestaciones del subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en las que interpretó que había sido la jueza la culpable del retraso en la autorización del desalojo. Posteriormente, Blanco reconoció la labor del juzgado y aclaró que nunca tuvo intención de criticar a la Administración de Justicia, a la vez que destacó la coordinación entre administraciones.
El Juzgado, por su parte, aclaró que cuando el sábado por la mañana la Guardia Civil le comunicó la celebración de la fiesta sin autorización ya precisó que no se incurría en ningún delito y si se quería el desalojo por motivos sanitarios debido al Covid-19 debía ser la autoridad sanitaria competente, la Junta de Castilla y León, la que emitiera una orden de desalojo que luego debería ser ratificada judicialmente. El propio juzgado intermedió para que el Instituto armado contactara con la Delegación Territorial de la Junta de cara a ese desalojo. Sin embargo, el sábado por la tarde el Gobierno regional c onsideró en un primer momento que no podía actuar porque la fiesta se desarrollaba en un terreno privado , situado en medio del campo a la afueras del pueblo. El domingo por la tarde sí emitió la orden que justificaba el desalojo por motivos sanitarios y una hora después lo ratificó el juzgado.
Denuncia vecinal
La Delegación Territorial de la Junta justificó su actuación en que era «una situación delicada, con afectación de derechos y libertades» y las decisiones se adoptaron según se fueron desarrollando los acontecimientos. Insistió, además, en que la fiesta se desarrolló en propiedades privadas , por lo que había que ponderar los derechos en juego y asegurarse de que se contaba con todas las garantías jurídicas.
En el pueblo, la tranquilidad ha vuelto después de un fin de semana en el que existió «un grave peligro» , según aseguró la vecina de Vime de Sanabria Arancha Torrijos, quien denunció los hechos porque se invadió una propiedad suya y por el riesgo que suponía la concentración de jóvenes tanto por posibles contagios de Covid-19 como por el peligro de que se produjera un incendio en el monte en el que se desarrolló la fiesta.
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