La ley LGTB+ de PP y Cs no convence ni a los colectivos afectados ni a grupos cristianos
La Federación de Gays, Lesbianas y más denuncia recortes y el Foro de la Familia advierte de que la norma limita la libertad de los padres para educar
Ni a unos ni a otros. El anteproyecto de Ley de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género elaborado por el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos de Castilla y León ha recibido el rechazo de los grupos sociales que se sienten afectados y que se colocan a uno y otro lado. No gusta ni a los colectivos LGTB+ de la Comunidad, que llevan años reclamando una iniciativa de estas características, pero tampoco a organizaciones católicas agrupadas en torno al Foro de la Familia. Para los primeros, el anteproyecto «se queda corto y no garantiza sus derechos»; para los segundos, «es una amenaza para los menores y un fraude democrático».
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El texto ahora a debate es una de las prioridades del Gobierno PP-Ciudadanos, hasta el punto de que el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs) , anunció al comienzo de la legislatura que sería una de las primeras iniciativas en ver la luz. Llega, además, después de que decayese al acabar el pasado curso político una Proposición de Ley que recogía el proyecto elaborado por los colectivos LGTB+ y que fue apoyado por PSOE, Ciudadanos, Podemos y Grupo Mixto, mientras que el PP optó por la abstención . Sin embargo, al arrancar el nuevo Parlamento, Ciudadanos se desmarcó del bloque que volvió a presentar la misma proposición, alegando que sería la Junta la que diseñaría un nuevo texto.
Tres consejerías
Y así ha sucedido, de forma que 2020 empezó con un nuevo texto impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades , aunque recoge importantes actuaciones que afectan directamente a los departamentos de Sanidad y Educación. El documento no ha sido bien recibido entre las partes que están librando la batalla, bien para conseguir que la ley sea aprobada o, todo lo contrario, para que no salga adelante. Cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con la ideología de género, la educación y la sanidad son los puntos en los que se centran las críticas de ambas partes.
Así, desde la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más , se denuncia que el anteproyecto, en su redacción actual, «no garantiza los derechos que necesita el colectivo en Castilla y León, especialmente en el ámbito educativo, al eliminar las medidas curriculares, las asignaturas de derechos humanos y sexualidad, el plan integral sobre educación y diversidad sexual y las medidas para garantizar la protección de los menores transexuales».
En el otro lado, desde organizaciones católicas como El Foro de la Familia y la Federación España Educa en Libertad (ESEL) la norma «puede limitar la libertad de los padres en el ámbito de la educación moral de los hijos, de la que los padres son los titulares exclusivos». Además, consideran que se pretende « privilegiar una forma concreta de entender la sexualidad, imponiéndola al resto de la sociedad -a través de formación obligatoria en la materia específica- como si discrepar de esa visión fuera discriminar a la personas que viven conforme a ella».
Por su parte, los colectivos LGTB+ denuncian que los recortes en el nuevo texto legislativo «superan la veintena de puntos relevantes, la mayoría de la máxima importancia», hasta el punto de que «esta ley podrá ser la ley de los ‘amigos gays’ que dicen tener PP y Ciudadanos , pero no la del colectivo LGTB+ que quiere derechos, no palabras». En este sentido, denuncian que en el ámbito sanitario se han producido recortes «clave» como la atención ginecológica para mujeres lesbianas y bisexuales, mientras que el derecho a la atención sanitaria de las personas transexuales queda en un protocolo «que la Junta puede retirar sin avisar ni dar explicaciones».
En el otro lado, el Foro de la Familia critica las medidas que se proponen para los menores de edad en el ámbito sanitario, puesto que « podrán tener consecuencias negativas irreversibles en lo que a su desarrollo y proceso identitario se refiere ». El mismo Foro advierte también de cómo el anteproyecto «establece específicamente la inversión de la carga de la prueba, lo que atenta directamente contra la presunción de inocencia, acabando así una garantía procesal básica». «El concepto de visibilidad obligatoria equivale a imposición totalitaria: obligar por ley a hacer visible en todos los ámbitos sociales una opción concreta en materia de sexualidad, como se pretende, es incompatible con una sociedad plural y libre», concluye.
