Sociedad
La Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada cumple nueve años sin apenas desarrollo
Fue la primera Iniciativa Legislativa Popular y solo tiene activo el protocolo para casos vulnerables. La Comisión de Coordinación creada entre tres consejerías nunca ha llegado a reunirse
En diciembre de 2008 las Cortes de Castilla y León aprobaron la primera Ley fruto de la iniciativa popular de la historia democrática de Castilla y León. Con la Navidad veía la luz la norma que creaba la Red de Apoyo a la Mujer Embarazada , una actuación impulsada por la Federación RedMadre de Castilla y León que contó con el apoyo del Grupo Popular y la abstención del Socialista, pero que no tuvo ningún voto en contra de todo el arco parlamentario.
Nueve años después, el balance de aquella primera iniciativa legislativa popular, que llegó avalada por las 25.000 firmas necesarias, no parece ser demasiado positivo ya que ha sido muy poco su desarrollo . Fue necesario esperar algo más de un año (hasta enero de 2010) para que se aprobase el plan que desarrollaba la Ley cuya vigencia finalizó en 2015. Su objetivo era « apoyar a la mujer gestante para que logre su integración en la sociedad y, al mismo tiempo, su plena autonomía personal, social y económica». El plan se articulaba en torno a actuaciones de sensibilización y prevención, información, formación y atención social, laboral, educativa y sanitaria. Sin embargo, no hubo mayor concreción en cuanto a posibles medidas.
En 2013 se diseñó un Protocolo de actuaciones entre las consejerías de Familia, Educación y Sanidad dirigido a la atención a la mujer gestante con dificultades en su embarazo por razón de edad, situación económica, social, familiar, laboral o cualquier otro motivo. Se creó también una Comisión de Seguimiento del Protocolo entre los tres departamentos, una de cuyas funciones era evaluar los procesos de actuación , algo que no ha se llegado a realizar porque nunca se ha reunido , según confirman los tres departamentos implicados. De hecho, el propio Procurador del Común tramitó el pasado año una actuación de oficio para pedir a la Consejería de Educación que recabase los datos precisos sobre el grado en el que se garantiza a las adolescentes embarazadas o con hijos de hasta dos años de edad, la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a sus necesidades. También instaba a convocar la citada comisión de seguimiento, cosa que aún no se ha hecho.
Lo cierto es que la Consejería de Educación ha recabado ya los datos y, según informaron fuentes de este departamento, el protocolo se ha activado en el caso de cinco alumnas durante el curso 2015-2016; en dos, en el 2016-2017, y en el actual son ya cuatro. En estos casos, las actuaciones que se ha realizado pasan por proporcionar asistencia por parte del Departamento de Orientación de los centros educativos a las alumnas embarazadas y a su familia; flexibilizar la obligatoriedad de la alumna de asistir a clase, así como el calendario de evaluaciones y exámenes y mantener la coordinación con los servicios sanitarios y sociales en todo el proceso. Por otra parte, doce alumnas se han acogido en los últimos tres cursos a la posibilidad que ofrece la normativa de Bachillerato de la comunidad de alargar los cuatro años de permanencia de régimen ordinario en la etapa.
En cuanto a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, fuentes de este departamento señalaron que las actuaciones previstas en el Protocolo se realizan a través de RedMadre , asociación a la que hasta este año se concedía una subvención de 10.000 euros anuales para ayudar a las madres y familias más vulnerables tanto en el embarazo como en los primeros años de vida del niño. En el actual ejercicio, dicha cantidad se ha suspendido , ya que la Consejería ha decidido que las asociaciones que quieran acceder a una subvención tienen que hacerlo mediante un concurso público al que deben acudir con sus proyectos o actuaciones. RedMadre atiende cada año en la Comunidad a unas 2.000 mujeres a través de los centros que tiene en las nueve provincias y que generan un gasto para atender a las beneficiarias de más de 200.000 euros anuales, según señalaron fuentes de esta asociación sin ánimo de lucro.
Por lo que se refiere a la Consejería de Sanidad, las actuaciones posibles, al margen de las asistenciales, se derivan hacia los trabajadores sociales , que ejercen una labor de asesoramiento o apoyo, aunque sobre estas acciones o el nivel de aplicación del Protocolo no existen constancia, señalan en este departamento.
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