Justicia del pueblo

ABC Castilla y León se hacía eco estos días del malestar de la Junta por la criminalización y las penas de telediario y bar de barrio a que han sido sometidos los altos cargos recientemente desimputados en las causas judiciales que metieron a esta comunidad de hoz y coz en el mapa de la corrupción. La reivindicación de la Junta es legítima y la crítica contra la oposición por su manera de obrar también porque, si un juez determina que esas personas no han cometido delito alguno, hay que creer y respetar esa decisión, aunque no nos guste o aunque vaya en contra de nuestro cálculo político. La esencia de una democracia sana se cimenta sobre la base de una separación de poderes real y fáctica, pero eso pasa por defender esos principios axiales por encima de nuestros intereses o de nuestras pulsiones.

Sin embargo, hoy por hoy al pueblo soberano, que no puede ser ejecutivo ni legislativo, se le ha permitido convertirse en poder judicial paralelo. El pueblo es juez y juzga. Dicta su propia sentencia sin la menor garantía de objetividad y asepsia. El pueblo hoy condena o absuelve en función de lo publicado, lo rumoreado o lo investigado en la mesacamilla del salón de casa, y, por supuesto, sin conocer y por tanto tener en cuenta ni el testimonio de las partes, ni los informes elaborados para tal o cual causa, ni las investigaciones profesionales, ni los hechos objetivos. Es decir, los ciudadanos nos hemos convertido en fiscales -o abogados defensores, según la marea- y en jueces investidos con derecho no ya a opinar, sino a juzgar asambleariamente y en manada. Y a propósito de esta palabra que en nuestro imaginario colectivo ya ha cobrado otra significación y transferido su esencia animal al espacio humano.

La sentencia condenatoria a estos cinco «amigos» ha levantado un reguero de indignación y malestar que, incluso, ha sacado a la calle a miles de personas en España. Y no será un servidor quien defienda la actuación de estos cinco individuos que, transformándose en animales gregarios, convirtieron lo que debe ser patrimonio de la intimidad en orgía impúdica y deshumanizada. Pero el caso en cuestión ha sido juzgado por tres magistrados, uno de los cuales, incluso, ha emitido un voto particular abogando por la libre absolución. Y los otros dos -uno de ellos mujer- no han contemplado el delito de agresión sexual en el hecho juzgado. Tengamos en cuenta que ellos sí han escuchado a las partes, han contrastado las versiones y manejado las pruebas. La sentencia puede parecernos injusta. El pueblo soberano ya los había condenado sumarísimamente desde el principio. Pero la justicia no puede ser sumarísima ni emocional. Simplemente debe ser justicia.