Junta y Gobierno presentarán ayudas a los posibles compradores de Made
El Ejecutivo central negociará para que Fogasa pague los sueldos pendientes de los trabajadores
Con el objetivo común de que la empresa Made pueda permanecer en Medina del Campo (Valladolid), la Junta de Castilla y León y el Gobierno central unirán sus fuerzas para que alguna de las empresas interesadas en adquirir la planta vallisoletana dé finalmente el paso. Y, para ello, ambas administraciones se reunirán con los posibles compradores para aportarles las garantías jurídicas necesarias, pero también para poner encima de la mesa el marco de ayudas de las que podrán disponer para realizar las inversiones que necesiten en la fábrica vallisoletana.
Además, la delegada del Ejecutivo central en la región, Virginia Barcones, negociará para que el Fogasa se haga cargo de los sueldos que aún no han cobrado los trabajadores, que acumulan ya seis meses sin salario. Así lo acordaron ayer en una reunión mantenida en Valladolid la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. La representante del Ejecutivo central calificó como «satisfactorio» el encuentro y aseguró que la intención de ambos organismos es conseguir que la compañía del sector eléctrico -ahora en concurso de acreedores- pueda permanecer en la comarca medinense. «Hay varias empresas interesadas en la compra y ahora vamos a trabajar y a reunirnos con ellas para proporcionar seguridad jurídica y presentar el marco de ayudas que desde el Ministerio y la Junta podemos aportar», aseguró.
Mantener el empleo
«Nuestra disposición es acompañar a la Junta en este proceso», subrayó la titular de Industria, que ya el pasado martes se reunió con los representantes de los trabajadores y solicitó una reunión con la Junta.
Y ese encuentro se celebró ayer con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien agradeció el «interés» de la ministra por la situación de la empresa Made, que actualmente cuenta con 94 trabajadores, pero que afecta también a otros 300 empleos de forma indirecta. «La principal preocupación de la Junta y del Ministerio es mantener el empleo», defendió Del Ol mo, que recordó que, en un principio, se planteó un ERE extintivo para la fábrica, «pero se consiguió que no cerrara». «Ahora trabajamos con varios empresarios interesados en mantener la actividad y vamos a colaborar para poner a su disposición las ayudas necesarias para acompañar las inversiones que deben realizar en la planta», explicó.
Importante será también aliviar de alguna manera los «problemas económicos» que atraviesan los trabajadores y, para ello, se intentará la intervención del Fogasa para poder pagar los salarios que están pendientes de cobro.
Si el proceso está siendo lento, es por el concurso de acreedores, detalló Del Olmo. «En el momento que una empresa está en concurso las decisiones las toma el administrador concursal y las tiene que aprobar un juez», dijo, al tiempo que explicó que las posibles ofertas deben presentarse al administrador y que a los potenciales compradores les cuesta dar el paso. En este sentido, la titular regional de Economía mostró «todo el apoyo» del Gobierno y de la Junta a quien decida hacerse con las instalaciones de Medina del Campo.
Vestas
También preocupa a la Junta la situación de la fábrica de Vestas en Villadangos del Páramo (León), donde 192 contratos acaban de finalizar y otros 300 empleados están inquietos ante la intención de la empresa de trasladar la producción a otro país. Sobre este asunto, la consejera de Economía aseguró que a finales de julio ya se puso en contacto con la empresa para mantener una reunión en la que le comunicara sus intenciones, pero aún no ha habido respuesta.
Así que existe una «falta de interlocución» con la compañía, recalcó Del Olmo, que aseguró que, por el momento, la Junta no tiene «de forma oficial» ninguna información sobre los planes de Vestas para la planta leonesa. El que sí se reunirá en los próximos días con la multinacional será el Gobierno, según confirmó la ministra de Industria. Ante esta cita, la Junta de Castilla y León aseguró a través de su consejera de Economía que no les importaría participar en ese encuentro.
