La Junta revisará los precios de la obra pública ante la inflación
Trabaja para adherirse a la norma estatal y compensar el desfase entre el presupuesto inicial y el coste real
Uno tras otro, varios frentes han ido conformado una tormenta perfecta sobre la actividad de la construcción, que en lugar de colocar piedras se las iba encontrando en el camino. Primero fue la pandemia, de la que consiguió salir con cierta resiliencia, luego llegó la subida de precios de materiales básicos para la ejecución de obras hasta que este incremento de costes acabó alcanzando a la generalidad de sus medios en el momento en el que la invasión de Ucrania, la crisis energética y, en menor medida pero con incidencia, la huelga de transportistas llevaron a un escenario de carencia e inflación. En este contexto, el sector encara actuaciones que se planificaron con una reglas del juego que han cambiado, tanto promociones privadas como obras públicas, que se adjudicaron por un presupuesto que se ha visto superado con creces. Con el ánimo de tratar de recortar ese desequilibrio, la Junta de Castilla y León trabaja para cerrar en «días» un marco legal con el que compensar los sobrecostes.
Así lo anunció ayer el consejero de Fomento y Medio Ambientes en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que participaba en la nueva Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción de Castilla y León en la que tanto contratistas como la patronal de la construcción le había urgido a hacerlo «cuanto antes». La vía para compensar el desajuste será la adhesión al Real Decreto aprobado por el Gobierno a principios de marzo que establecían medidas excepcionales en materia de revisión de precios de las actuación contratadas por la administración estatal, que en Castilla y León suponen un 15% del total de las obras públicas licitadas, aunque en presupuesto copan habitualmente el protagonismo.
La Junta estima «razonable» que sumarse a la normativa es la mejor fórmula para que estas compensaciones lleguen también a las actuaciones contratadas por la administración autonómica -un 36% del total-. «Dando este paso» se allanaría el camino para que los municipios, que concentran el mayor volumen de ejecuciones se sumen también a este marco de revisión de precios y procedan a compensar en sus lindes la inflación de las obras públicas en unos «momentos muy complicados para sacar adelante los proyectos de obra pública por parte de las administraciones», según reconoce la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Ángeles Armisén.
Otros materiales
Este sistema permite cubrir hasta un 20 por ciento del presupuesto de la obra tomando como referencia determinadas circunstancias que encarecen los costes, pero deja fuera materiales básicos y aspectos derivados del incremento del precio de la energía, advirtió el presidente de la Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, cuando el Gobierno dio luz verde a la norma. Estas compensaciones sólo «solucionan algunas cosas. No todo» y la subida de precios «es inabarcable» para las empresas, añadía ayer, por su parte, el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de Construcción, Javier Vega. El sector calcula que las contraprestaciones cubren en torno al 40% de los sobrecostes. De ahí que insten a «mejorar» ese Real Decreto del Gobierno, que hace una semana ampliaba las medidas incluyendo a las obras que se encuentren en alguna fase del proceso de contratación y a aquellos acuerdos cuya licitación se produzca en un plazo de un año y la posibilidad de que se puedan revisar otros materiales.
«Cuanto antes»
«Se queda muy muy corto. Necesitamos una norma mucho más amplia», señala Armisén respecto a ese medida que Quiñones reconoce también que es «insuficiente» pero que es a lo que la administración estaría «limitada». Sea como fuere, sus cálculos apuntarían a que la semana que viene pudiera llegar el asunto al Consejo de Gobierno. «Cuanto antes», insiste el sector que ve como en las últimas semanas se han producido numerosas paralizaciones, sobre todo motivadas por falta de materiales -tanto por la huelga de transportistas como por el parón de factorías que elaboran componentes básicos como la ferralla-.
Respecto a las futuras licitaciones, el sector insiste en una necesaria revisión al alza de los presupuestos en un escenario de inflación sin visos de remisión. La ley obliga a sacarlas a precio de mercado y en los últimos seis meses más de un millar han quedado desiertas en la Comunidad al no considerar rentables las empresas acudir a la adjudicación. La cifra equivale a una cuarta parte del total de actuaciones licitadas en 2021 en la Comunidad.
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