La Junta recupera un «ritmo normal» de inversiones en infraestructuras sociales

La Junta de Castilla y León dio ayer luz verde a un Plan con horizonte 2020 que fija un suelo de 728 millones de euros para dedicar en cinco años a la construcción, renovación o equipamiento de las instalaciones que prestan servicios en la Comunidad. Ello «significa retomar el ritmo normal de inversiones», que frenaron en seco por la crisis, y garantizar que un buen volumen de recursos queden «bloqueados» y a disposición de las actuaciones «prioritarias» que deben acometerse en Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Así, desde la construcción de nuevos hospitales a las obras necesarias para vencer de una vez las barreras arquitectónicas como objeto del presupuesto, este plan fija un «mínimo» a invertir en infraestructuras «sociales», que podría ser revisado a la alza. En concreto, cada año será «evaluado», y se estudiarán las necesidades para fijarán «las prioridades» en las que movilizar la parte correspondiente de los citados recursos, que quedan reservados y «garantizados» para esta finalidad. Así lo explicó este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la estrategia la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Rosa Valdeón, quien aseguró que, gracias a la inversión en estas asignaturas que se realizó antes de la crisis, el cierre de grifo presupuestario durante la recesión «no se ha notado en la calidad asistencial».

La cuantía, de 728 millones, seeleva sustancialmente de los 600 que inicialmente se previeron cuando la totalidad del Parlamento autonómico instó a la Junta a elaborar el citado plan, y de acuerdo a lo que ya avanzó el presidente, Juan Vicente Herrera, en el Debate sobre el estado de la Comunidad. De hecho, teniendo en cuenta que todos los grupos parlamentarios coincidieron en la petición de fijar un suelo inversor social, esta estrategia será trasladada a todos ellos a modo de comunicación, sin que tenga que pasar por trámite alguno en las Cortes.

Aunque anualmente se irán cuantificando y asignado las inversiones necesarias, la Junta ya ha previsto un reparto a grandes rasgos de los fondos «reservados» entre los departamentos que constituyen la «carta de naturaleza de la Comunidad», señaló Valdeón. La mayor porción del pastel es para Sanidad, que copa 476,9 millones de euros, un 65 por ciento del total), seguido de Educación (214) y servicios sociales (36,9).

Empezando por el capítulo de Sanidad, este Plan de Inversiones Sociales Prioritarias prevé destinar 63 millones al correcto funcionamiento de Atención Primaria en los 247 centros de salud y 3.652 consultorios locales; y una suma de 373 millones en atención especializada para renovación y conservación de equipamiento y para la disposición óptima de hospitales y complejos asistenciales, con actuaciones de construcción ya en marcha y otras nuevas, además de la modernización de las infraestructuras. Por último, durante los próximos cinco años se destinarán 40,4 millones euros al desarrollo de la historia clínica electrónica y la implantación de la receta electrónica, entre otros avances tecnológicos.

En el área de Educación destacan 84,7 millones para obra nueva y ampliaciones, otros 60 en inversiones en reparación, mantenimiento y sustitución de elementos en centros escolares y un total de 23,1 millones en equipamientos para centros escolares, con el fin de completar la digitalización de las aulas. Además, en el ámbito universitario se incluyen actuaciones por valor de 46 millones en el conjunto de centros de las instituciones públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Por último, en lo que respecta a servicios sociales se prevé un desembolso de 23,1 millones para la reconversión y creación de plazas para personas dependientes y un total de 7,2 millones a la mejora de la accesibilidad y dignificación de espacios, entre otras actuaciones.