La Junta da el primer paso hacia la vía judicial para cobrar 182 millones del IVA de 2017

La Junta de Castilla y León ha enviado al Gobierno un requerimiento formal para el cobro de los 182 millones de «deuda» del IVA que supone el paso previo antes de la vía judicial , a la que se recurrirá si no se atiende la petición de la administración autonómica.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, el requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo por el que se solicita al Consejo de Ministros el pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA . El requerimiento, cuya solicitud fue aprobada el 20 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta, ya fue remitido en febrero por el titular de Economía y Hacienda al Consejo de Ministros. Desde entonces, la Junta no ha obtenido respuesta alguna al respecto, por lo que ahora da un paso más previo a la vía judicial, informan desde el Ejecutivo en un comunicado.

En la demanda, el consejero de Economía y Hacienda solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades reclamadas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros .

Asimismo, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

Además, la Junta también insta a que se pague a Castilla y León los intereses legales correspondientes a las cantidades reclamadas. De no atenderse la petición de la Junta, la Administración de la Comunidad abriría el camino de la vía judicial e iniciaría un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por las cantidades reclamadas.

La pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación .