La Junta pide 11 años de prisión para Rafael Delgado y 4 para Begoña Hernández por el caso Perla Negra
Solicita penas de prisión que suman 20 años y multas por valor de 22,5 millones para los diez imputados por la trama
La Junta de Castilla y León ha presentado su escrito de acusación por la trama de la «Perla Negra» en el que solicita penas de prisión para dos exviceconsejeros de Economía en la etapa del fallecido Tomás Villanueva. Así reclama once años de cárcel para Rafael Delgado y cuatro para Begoña Hernández , imputados ambos en esta causa que ahonda en un supuesto pelotazo urbanístico en el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y el malogrado parque empresarial de Portillo, en la provincia de Valladolid.
En total, como acusación particular, la Junta pide penas de prisión que suman 20 años, multas por 22,5 millones de euros y una responsabilidad civil a pagar a la Administración Autonómica de 16,3 millones para los diez imputados en el proceso, que en el que además de los dos exviceconsejeros están señalados cargos de Gesturcal y ADE y empresarios que pudieron beneficiarse de las operaciones y a los que se les acusa de Tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho.
En un comunicado remitido por la Junta, los servicios jurídicos han querido hacer hincapié en que las presuntas actuaciones ilícitas las han cometido « sólo dos personas del sector público , y lo han hecho a título personal, en ningún caso como altos cargos , sino como cargos directivos de una empresa pública, que tiene forma de sociedad anónima, y que actúa normalmente en el mercado sujeta al derecho privado».
Cabe matizar que en el momento en el que se cometieron los hechos judicializados primero Delgado y, posteriormente, Hernández, eran viceconsejeros de Economía. El Ejecutivo se refiere a que los presuntos actos delictivos se cometieron a través de la Agencia de Desarrollo Económico y de la empresa pública Gesturcal.
Los hechos objeto de investigación abarcan desde mediados de 2005 hasta diciembre de 2011, y básicamente han sido dos -la «Perla Negra» y el parque de Portillo-, «sin conexión en cuanto a la materia u objeto, pero en los que sí parece que han intervenido las mismas personas investigadas », que habían podido propiciar, con provecho propio, un trato privilegiado y de beneficio a determinados empresarios privados, en el caso conocido como «Arroyo y Portillo».
El director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, explica que el interés que persigue la Junta de Castilla y León en este proces o es el esclarecimiento de los hechos, la protección de los derechos e intereses de la Administración Autonómica, exigiendo la responsabilidad penal de las personas físicas que los hubieran podido cometer, y también la civil, de éstas y de las empresas privadas beneficiarias de las actuaciones, y recuperar aquellos daños y perjuicios que haya podido tener la Hacienda Pública de Castilla y León, como titular del 100 por ciento del accionariado de la empresa pública.
Respecto al edificio administrativo de Arroyo, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a tres imputados por darse presuntamente entre sí información privilegiada previa para favorecer a la empresa que luego sería la arrendadora, por irregularidades en el previo alquiler que se formalizó, por los costes y repercusión de diversas modificaciones estructurales realizadas en el edificio durante el arrendamiento, y por la asunción por la empresa pública de los gastos financieros previos por préstamos solicitados por la empresa privada contratista para hacer el edifico.
Respecto a los hechos sobre la compra de parcelas en Portillo para la construcción de un polígono industrial, los Servicios Jurídicos de la Junta acusan a siete imputados por irregularidades al crear al menos tres empresas privadas para propiciar presuntamente ventas en cascada de los terrenos con un incremento injustificado y sucesivo de su coste hasta adquirirlos la empresa pública, por gastos de urbanización del polígono que no le correspondía abonar a la empresa pública, por una transferencia efectuada por la empresa pública sin concepto y sin justificar, y por los gastos financieros por prestamos asumidos por la empresa pública para poder realizar toda la operación de compra de terrenos, que nunca debió soportar de haber adquirido de forma directa los mismos.
Por estos hechos, para Rafael Delgado se solicita por el delito continuado de negociación y/o actividad prohibida 4 años y medio de prisión , e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años, y por el delito continuado de malversación 7 años de prisión, e inhabilitación absoluta por 18 años. Para Begoña Hernández, por el delito de malversación 4 años de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 años.
Para un empresario privado, por el delito continuado de tráfico de influencias 11 meses de prisión y multa de 10.000.000 de euros. Y para otros cinco empresarios privados, a cada uno de ellos, por el delito continuado de tráfico de influencias 9 meses de prisión y multa de 2.500.000 de euros.
Además, a todos ellos directamente se les pide la responsabilidad civil frente a la Junta de Castilla y León, a la que deberán satisfacer, en la parte que les corresponda, la cantidad de 16.300.000 de euros, siendo responsables subsidiarias las empresas privadas que dirigían.
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