La Junta da el paso para que el PSOE no frene la Ordenación del Territorio
Inicia la consulta para cambiar la ley y suprimir así la «mayoría cualificada»
« Supresión de la mayoría cualificada para la aprobación por ley de los espacios funcionales rurales y urbanos». Son las palabras oficiales para justificar el cambio emprendido en la Ley de Ordenación del Territorio y que, en la práctica, se traducen en impedir que el PSOE siga frenando el desarrollo de la norma que aprobó de la mano con el PP en 2013. Esos dos tercios de los apoyos requeridos, según el texto acordado entre las entonces dos principales fuerzas políticas en el Parlamento de Castilla y León, pretendían así dar un mayor refuerzo a un asunto clave para la Comunidad.
Pero en la práctica se tradujo en el pasado mandato –con otro líder al frente de las filas socialistas– en un lastre para el avance, que encalló en el tramo final, la aprobación de los conocidos como mapas rurales para la prestación de servicios en los pueblos. Así que en este nuevo periodo, el Ejecutivo regional formado por PPy Ciudadanos no quiere que todo lo avanzado caiga en saco roto y tampoco ser rehén de lo heredado. «Hay un principio por el que ningún gobierno puede condicionar la acción del siguiente», justificó la pasada semana el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), con las competencias también en materia de Ordenación del Territorio. Así que el cambio de ese punto de la ley detectado como un «problema» figura entre los objetivos que con esta modificación emprendida se pretende «solucionar».
El primer paso dado, tras el anuncio realizado por Igea, la publicación este viernes en el Portal Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León de un foro de participación para recibir aportaciones . Cualquier persona podrá hacerlo hasta el próximo 24 de enero . Y el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, ya comunicó hace unos días a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, la Federación Regional de Municipios y Provincias y a todos los grupos parlamentarios de las Cortes que se daría este paso.
«Atajar problemas»
Una decisión con la que, según reconocen en un comunicado desde el departamento que dirige Francisco Igea, se pretenden «atajar varios problemas existentes , y con ello desbloquear y avanzar en el desarrollo de la ley existente desde el año 2013». Reconocen que «el más significativo» es precisamente «suprimir» esa mayoría cualificada que en el texto en vigor se requiere para dar el visto bueno a los espacios funcionales rurales y urbanos. Y es que mientras los últimos sí fueron aprobados, los mapas rurales toparon reiteradamente con el no del PSOE ahora encabezado por Luis Tudanca –en 2013, con Óscar López el frente, apoyó la ley–.
Entre los problemas que quiere abordar también señala « simplificar la tipología y terminología de espacios funcionales para la ordenación del territorio» previstos, así como establecer «nuevos criterios» para su delimitación, especialmente en el ámbito rural «más acordes con la realidad territorial y poblacional» . También «simplificar» la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general y hacer «más ágil y participativo» el procedimiento.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Gobierno Abierto alega para impulsar la reforma que es «necesario impulsar los nuevos espacios territoriales» de la Comunidad «para l ograr zonificaciones de los servicios autonómicos más acordes con el territorio y la población », consiguiendo así «espacios funcionales que permitan una mejora sustancial tanto en la planificación, programación y ejecución de las políticas públicas». También justifica la «necesidad y oportunidad» de su aprobación en el «impulso» a las mancomunidades de interés general rural como fórmulas de colaboración «para solventar los problemas que genera el inframunicipalismo», y a las urbanas para prestar servicios de calidad.
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