La Junta garantizará anonimato y protección a funcionarios que denuncien corrupción pública

Aportar un «plus» de garantías y seguridad a los trabajadores públicos que denuncien delitos de corrupción. Éste es el objetivo del Anteproyecto de Ley elaborado por la Junta de Castilla y León para la regulación de las informaciones de sus trabajadores por hechos relacionados con delitos contra la administración pública, como pudieran ser el cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el fraude o el tráfico de influencias.

Un texto «sencillo» y breve -siete páginas- en el que se aborda el procedimiento y tramitación cuando un funcionario -también es aplicable al personal estatutario y laboral- denuncie o facilite información sobre actuaciones de altos cargos o compañeros de las que pudiera derivarse un posible delito contra la administración. Además, también ofrece garantías a éstos en su puesto de trabajo.

La Inspección General de Servicios es el lugar al que deberán dirigirse para remitir esos datos, cuya tramitación tendrá carácter «prioritario» además de «reservado», según explicó el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. De hecho, este órgano tendrá un plazo de dos meses para la inspección, prorrogables a seis si el asunto es «muy complejo». En todas esas actuaciones así como en las conclusiones del informe se omitirá cualquier dato que pudiera permitir identificar al informante.

A partir de aquí, según el texto presentado, se abren tres posibilidades. Si se aprecian indicios racionales de un posible delito , se trasladará el asunto al Ministerio Fiscal -los funcionarios pueden acudir aquí directamente con las mismas garantías por parte de la Junta-, de lo que se informará también al denunciante. Si no es así, pero sí se detecta una posible infracción administrativa, se emitirá un informe con la propuesta de apertura de expediente sancionador por el órgano competente (los secretarios generales de las consejerías y los delegados territoriales). La última opción es que no se aprecien indicios de responsabilidad. Aún así, tanto de estos casos como de las infracciones administrativas se remitirá un informe al Procurador del Común como Comisionada para la Transparencia y la consejería de la que dependa la Inspección General de Servicios deberá presentar anualmente un informe en las Cortes con el número de denuncias recibidas y el órgano al que hayan sido trasladadas.

En todo el proceso, subrayó De Santiago-Juárez, se incluyen otras garantías más allá de la ocultación de la identidad del informador como que «no podrá adoptarse ninguna medida» contra el denunciante «motivada» por su actuación y que le perjudique en su situación laboral. Así, no podrá ser removido de su puesto, salvo en caso fijados por norma como concursos de traslados abiertos o interinos que no aprueben la oposición si se convoca. Eso sí, si él lo pide y se adapta a la norma, podrá. Cerrado el procedimiento, el trabajador contar con las garantías que le otorga la Ley de Función Pública, «que son muchísimas», ya que la norma «afortunadamente es muy garantista para los empleados públicos», señaló el consejero, quien incidió en que con este texto se quiera dar un «plus» de protección.

El anteproyecto de ley, que deberá pasar por la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, el Consejo de Función Pública y el Consejo Consultivo, también estará disponible en el portal web de Gobierno Abierto para recibir las aportaciones de los ciudadanos. Después, tendrá que someterse al visto definitivo de las Cortes.