La Junta destina 37 millones para la revisión de precios en los contratos de obra pública

El aumento del precio de los materiales, del coste de la energía, la inflación generalizada... Son muchos los condicionantes que en los últimos meses se han ido encadenando y elevando el valor de una obra. Un panorama cambiante que ha llevado a que los adjudicatarios de contratos públicos se hayan visto en un escenario inasumible en el que tenían que sacar adelante un trabajo bajo un presupuesto cifrado antes de la guerra de Ucrania, de que se disparara la factura de la luz o incluso de que un virus llamado Covid cambiara el planeta. Es por ello que reclamaban desde el sector una compensación para poder seguir adelante. En marzo, el Gobierno daba luz verde a un Real Decreto para revisar esos guarismos en las actuaciones de carácter estatal y ahora es la Junta la que se adhiere al mismo y abre la puerta para que lo puedan hacer también las entidades locales. En concreto, desde el Ejecutivo autonómico ponen a disposición de esta medida 37 millones de euros, al objeto de permitir la ejecución de los contratos que están en marcha.

Al sumarse a la normativa estatal, la Junta establece para las obras públicas con titularidad autonómica medidas excepcionales para la compensación de sobrecostes cuando el incremento del precio de los materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre empleados excedan del 5 por ciento certificado en el contrato durante el ejercicio de 2021. La revisión no podrá ser superior al 20 por ciento del valor total de adjudicación, de acuerdo con los requisitos recogidos en el Real Decreto del Gobierno que marca las pautas que aplicará la Junta en Castilla y León.

Un documento que desde el sector de la construcción llevan dos meses considerando «insuficiente» en cuanto a que entienden que se dejan fuera aspectos determinantes en el encarecimiento de los precios, como es el coste energético -argumentando el Gobierno ya ha adoptado importantes medidas para amortiguar el impacto de la subida-. Además, excluye algunas tipologías de contratos y materiales, los cuales desde la Junta se instara al Gobierno a que sean incluidos, según se expuso ayer en un comunicado desde la Consejería de Economía y Hacienda.

La medida tratará de aliviar esos sobrecostes en la obras públicas ya iniciadas, mientras desde el sector claman por que se ajusten también los precios de nuevas licitaciones. La Cámara de Contratistas cifra en mil las licitaciones que se han quedado desiertas ante un planteamiento económico que las empresas ven ahora inviable.