Blanco denuncia que 2.135 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital cobran menos que con la Renta Garantizada de Ciudadanía
Familia apuesta por «reformular» la prestación autonómica para que siga cumpliendo el objetivo de conducir a sus perceptores hacia una «verdadera» integración social y laboral
Quiénes son los beneficiados por los nuevos cambios en el Ingreso Mínimo Vital
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha denunciado que 2.135 de los 15.187 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Castilla y León cobran menos que con la Renta Garantizada de Ciudadanía , además de existir otras 4.096 familias a las que se le ha degenado o se ha inadmitido la prestación estatal aunque, al ser perceptoras de la Renta Garantizada, la Junta sigue manteniendo esa ayuda. En todo caso, ha dejado claro que esos más de 2.000 castellanos y leoneses reciben el mismo importante que antes de la entrada en vigor del IMV después de que la administración autonómica impulsara una modificación de la Ley de la Renta, que permitió hacer complementarias ambas prestaciones.
Con motivo de la inauguración del II Foro Social del Grupo de Enlace del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Blanco ha declarado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social revisa las concesione s del Ingreso Mínimo con los datos de la Agencia Tributaria del año 2020, lo que supone modificaciones de las cuantías con efectos retroactivos. «Esto obliga a la Junta a revisar los expedientes de Renta Garantizada y, en algunos casos, pedir la devolución de las cantidades que se aportaron como complemento, lo cual no es entendido por los ciudadanos ni por nuestra administración, por que es una dificultad añadida», ha subrayado.
La consejera ha recordado que en Castilla y León coexisten las dos prestaciones desde que en junio de 2020 el Gobierno central pusiera en marcha el Ingreso Mínimo Vital como una prestación económica, gestionada por el Instituto de la Seguridad Social, dirigida a las familias de mayor vulnerabilidad. «En aquel momento, las expectativas que se generaron fueron positivas y vistas con muy buenos ojos por parte de la Junta, al tratarse de una prestación homogénea en toda España y muy semejante a la Renta Garantizada de Ciudadanía que llevaba implantada más de diez años en la Comunidad», ha expuesto.
En presencia del presidente del CES, Enrique Cabero, ha precisado que la llegada del Ingreso Mínimo Vital no supuso la desaparición de la Renta Garantizada por su carácter «subsidiario» a todas las prestaciones existentes. «Quien tuviera la Renta Garantizada podía seguir recibiéndola mensualmente hasta obtener la resolución favorable del Ingreso Mínimo y quien no tuviera derecho, podría solicitarla subsidiaramente para su tramitación por parte de la administración autonómica», ha señalado.
Sin embargo, la consejera ha acusado al Gobierno de la Nación de iniciar la gestión de la nueva prestación de manera «precipitada» y sin contar con las comunidades autónomas , a pesar de la experiencia que tenían. Al final, ha precisado, se han generado «disfunciones» durante un año, sobre todo con la convivencia con la Renta Garantizada así como «desorientación» e «inquietud» entre los ciudadanos y las familias más vulnerables.
Isabel Blanco ha manifestado que la Renta Garantizada es un derecho subjetivo que está recogido en el catálogo de servicios de la Red de Protección a las Familias, por lo que ha anunciado que la Junta va a reformularla con el fin de que, en su convivencia con el Ingreso Mínimo, la prestación autonómica siga cumpliendo el objetivo de conducir a sus perceptores hacia una verdadera integración social y laboral.
