Policías locales empezarán esta semana con el control «aleatorio» de los aislados en Salamanca, Valladolid y León
La Junta dará a los alcaldes la lista de personas en cuarentena para su vigilancia, pero algunos ayuntamientos advierten de que no hay plantilla suficiente
La Consejería de Sanidad facilitará a los alcaldes de León, Valladolid y Salamanca (como primeras ciudades) la lista de las personas que tienen que cumplir la cuarentena en sus domicilios por ser positivo de Covid-19 o, aún siendo negativo, ser un contacto «estrecho» de un contagiado e, incluso, estar pendiente de la prueba PCR . Así lo aseguró ayer a ABC el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien garantizó que esta medida no supone una vulneración de la Ley de Protección de Datos al resaltar que un regidor municipal es considerado autoridad sanitaria. Es más, según explicó, la vigilancia, que comenzará a realizarse esta misma semana, cuenta con el visto bueno de los Servicios Jurídicos de la Junta que avalan la medida.
De esta forma, serán lo agentes de las policías locales de cada municipio los que se encarguen de verificar que las personas a las que se ha pedido que permanezcan aisladas en sus domicilios, lo están durante los preceptivos 14 días.
«Queríamos disponer del informe jurídico y tenerlo todo bien atado», señaló Igea, para quien «está claro que lo podemos hacer». Reconoció, no obstante, que es una ingente labor dado que son miles de personas las que están en cuarentena. En Valladolid llegan a las 3.000, en Salamanca a 2.000 y en León son unas 1.200 , cifras que, no obstante, varían cada día. Por esa razón, el vicepresidente de la Junta traslado a los ayuntamientos que «a nadie le pedimos lo imposible; sólo colaboración porque ellos saben hasta dónde pueden llegar y sabemos lo que es estar escasos de plantillas». Recordó, no obstante, que «esta situación exige esfuerzos». Sobre la necesidad de que se diseñe un protocolo de actuación, advirtió de que «no hace falta mucho protocolo», sólo que se cumpla la Ley, aunque sí anunció que se darán algunas pautas de actuación.
Precisamente, las multas por no hacer la cuarentena están perfectamente recogidas en el Decreto de la Junta que recoge el régimen sancionador por incumplir las medidas de contención frente al Covid. Así, la multa va de 100 a 3.000 euros (infracción leve) por saltarse el aislamiento habiendo dado negativo en Covid; de 3.001 a 60.000 euros (graves), si se es positivo, y de 60.001 a 600.000 (muy grave) cuando además de ser positivo se ha incumplido la cuarentena reiteradamente.
Recelos municipales
Los ayuntamientos de León y Valladolid mostraron serias dudas sobre la forma de llevar a cabo el control que se reclama a las policías locales para el cumplimiento de las cuarentenas. Incertidumbre tanto por la falta de medios suficientes para realizar esta labor como por el hecho de que se pueda vulnerar la Ley de Protección de Datos, dado que habría que facilitar no sólo el nombre sino también la dirección de las personas que se encuentran aislada en su domicilio.
Así, el alcalde de León, José Antonio Diez, advirtió de «la imposibilidad de la administración local y de la Policía Local de tener un seguimiento de las personas en cuarentena». Por ello, reclamó «protocolos concretos que permitan a nuestros agentes realizar de alguna manera esas labores de vigilancia». Diez lamentó que «hasta el día de hoy, la competencia es de la Junta, que nos pide rigor a los ayuntamientos cuando ellos han sido incapaces de hacer nada».
También en el Ayuntamiento de Valladolid reina el desconcierto por cómo se debe controlar los aislamientos y, sobre todo, por la falta de medios suficientes y la duda de que exista un soporte legal para la actuación de la Policía Municipal que puede llegar a vulnerar la protección de datos. El concejal de Salud Pública y Seguridad ciudadana, Alberto Palomino, aseguró que «la plantilla de policías locales es la que es», de forma que se pregunta «cómo voy a poder controlar a 3.000 personas en cuarentena». Se supone, apuntó, que se harán «catas» y que se facilitará una lista con las personas que están confinadas, algo que consideró puede no ser legal.
En cualquier caso, explicó que el Ayuntamiento está a la espera de conocer el protocolo en el que se explique la forma en la que deberán actuar los agentes que, recordó «se verán obligados a hacer más horas que deberá pagar el Ayuntamiento». Además, advirtió de que a estos profesionales públicos cada vez se les asignan más cometidos, como los de sancionar por no utilizar mascarillas o por el mal uso de las terrazas. «Nos dejan toda la responsabilidad sin medios materiales ni humanos», denunció Palomino para quien la Junta «no sabe cómo actuar».
En Salamanca, en cambio, no ponen reparos a la colaboración en forma de vigilancia policial . Es más, ya hace semanas que la Policía Local de esta ciudad participa en la localización de las personas que deben hacer cuarentena y a las que Sanidad no logra encontrar, según recordó el concejal de Protección Ciudadana, Fernando Carabias. Si bien hasta ahora era una medida excepcional, a partir de esta semana «será un trabajo extra, tendremos que hacer un esfuerzo y reorganizar las plantillas pero el fin lo justifica dada la situación actual», explicó.
Protocolo
La colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno sí contará con un protocolo específico que firmarán en breve el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo. Éste, precisamente, avisó ayer de que si se incumple una cuarentena hay una sanción administrativa, pero si existe una resolución judicial, «se puede producir un delito de desobediencia a los tribunales y tiene consecuencias de orden penal».
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