La Junta cree que Silván «no ha salido mal parado» de su explicación sobre Enredadera

Si hace unos días el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cerró filas en torno a su consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, citado en las conversaciones de la trama Enredadera, ayer fueron el vicepresidente, José Antonio De Santiago-Juárez, y la portavoz, Milagros Marcos, quienes hicieron lo propio con el alcalde de León, Antonio Silván, que también figura en el sumario del caso por sus conversaciones con el empresario José Luis Ulibarri, encarcelado de forma provisional desde julio como presunto cabecilla de la trama de corrupción.

«Silván ha hecho un pleno extraordinario, ha dado todo tipo de explicaciones y parece que no ha salido mal parado», aseguró el también consejero de Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y es que el PSOE planteó una moción de censura contra el regidor por este asunto, pero que no salió adelante dado que Ciudadanos decidió no apoyarla. También la portavoz valoró las aclaraciones aportadas por el regidor sobre su posible vinculación con el caso: «El alcalde se ha explicado y seguirá haciéndolo en una comisión de investigación que se ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de León».

La misma defensa cerrada hicieron para el consejero de Fomento y Medio Ambiente, quien, según señala el sumario del caso, se puso en contacto con Ulibarri para ofrecerle la posibilidad de hacerse con los trabajos de una carretera -la LE 413- paralizadas por la entrada en concurso de acreedores de la empresa adjudicataria. «Lo aclaró inmediatamente», expresó al respecto De Santiago-Juárez, mientras que Milagros Marcos aseguró que se trata de un procedimiento «normal» de carácter «ordinario y legal» en una situación en la que se quiere resolver un problema que «afecta a los ciudadanos».

«Pero es que, además, sigue existiendo porque la obra sigue parada». Por eso, acusó a la oposición de intentar «sembrar sospechas» y «enredar», algo que «no beneficia a nadie». En ese ataque al resto de los partidos, insistió en que la Junta de Castilla y León «no está involucrada para nada en este tema». Es más, explicó, que la actuación del Gobierno regional «no está cuestionada en ningún momento ni existe ningún tipo de sospecha».

Sobre este mismo caso se pronunció ayer la alcaldesa de Ponferrada, la también popular Gloria Fernández Merayo, para desvincularse por completo de la trama Enredadera. Y es que, según dijo, su condición de cargo público la obliga a reunirse con los empresarios que se lo pidan. Así explicó Fernández Merayo sus contactos con el empresario José Luis Ulibarri, una vez que se han hecho públicas sus conversaciones telefónicas y sus reuniones discretas, de acuerdo con grabaciones policiales. «Como alcaldesa de Ponferrada tengo la obligación de reunirme con empresarios que me lo piden, independientemente de simpatías. Me he reunido con gente que ha estado en prisión varios años o que ha sido condenada por delitos graves. Es mi obligación. Otra cosa es obrar correctamente conforme a la ley», insistió. Por último, añadió que nunca ha cedido a presiones de compañías y destacó que, a lo largo de su mandato, las compañías del conglomerado empresarial de Ulibarri no han ganado ninguno de los contratos que ha firmado el Ayuntamiento.