La Junta contestará en un mes a la petición de información pública por parte de un ciudadano

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un decreto a través del que se establece el plazo de un mes para notificar la aceptación o no de una petición de información pública por parte de un ciudadano.

En concreto, la vicepresidenta de la Junta y portavoz, Rosa Valdeón, ha detallado que el Decreto que regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos. Mediante esta reglamentación, se fijan los ámbitos de aplicación, el contenido, los órganos competentes, los plazos y las vías para el correcto desarrollo del proceso.

El decreto aprobado desarrolla el procedimiento a través del cual deben solicitarse y resolverse las peticiones de documentación a la Administración autonómica. La normativa se aplicará a las consejerías y organismos autónomos. Para el resto de entidades del sector público autonómico se establece que cada uno deberá fijar su procedimiento y, en su defecto, se aplicarían las disposiciones de este decreto.

En primer lugar, el decreto fija que la solicitud de la información puede ejercerse por parte de cualquier persona y puede tratarse de cualquier contenido o documento que obre en poder de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Las solicitudes deben incluir los siguientes datos: identificación del solicitante; información solicitada; dirección de contacto y órgano al que se dirige - el titular de la consejería correspondiente, cuando la información esté en poder de la consejería o en el de sus organismos autónomos, o el titular del órgano que determine la propia entidad u organismo, en el caso del resto de entes del sector público-.

La resolución deberá dictarse en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud por el titular de la consejería correspondiente. Podrá ser inadmitida a trámite, concedida, estimada parcialmente o desestimada. En caso de no existir resolución expresa en dicho plazo, el sentido del silencio es desestimatorio. Si la resolución es estimatoria, el ciudadano tendrá acceso a la información.

El decreto indica también que el acceso a los documentos que integran el patrimonio documental de Castilla y León y estén depositados en los archivos de la Comunidad se regirá por la Ley de Archivos y, supletoriamente, por este decreto.