La Junta aclara a los sanitarios que su reorganización tomará medidas «indispensables y motivadas»

M. Serrador

17/11/2020
Actualizado 23/11/2020 a las 12:54h.

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Con una tasa de incidencia acumulada por coronavirus (a 14 días) de 925 casos por cada 100.000 habitantes, las nueve provincias en riesgo extremo, y las unidades de cuidados extensivos al 69 por ciento con las nuevas camas habilitadas, sindicatos y Consejería de Sanidad han emprendido una guerra abierta por la reordenación de la plantillas de los profesionales para hacer frente a la pandemia. La publicación del Decreto firmado por el presidente de la Junta el pasado sábado en el que se capacita a la Consejería, previa oportuna orden, a tomar una serie de medidas, destapó la caja de los truenos entre las agrupaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CESM, CSIF, CC.OO.,UGT y SAE) con críticas -«es un ataque a los derechos de los profesionales»- a las que inmediatamente se sumaron PSOE y Podemos. Es más, los socialistas, a través de su secretario autonómico, Luis Tudanca, remataron ayer su puesta en escena con el propio presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig , con el que comparecieron para presentar un documento de propuestas para mejorar el sistema público sanitario.

Y mientras esto ocurría en la sede del Parlamento autonómico, en la Consejería se volvía a reunir la Mesa Sectorial de la que los representantes sindicales se levantaron al no conseguir que la Junta retirase el polémico Decreto. Advirtieron, incluso, de que no volverían si se mantenía su vigencia y amenazaron con iniciar movilizaciones. Desde la Consejería de Sanidad, en cambio, se aseguró que se mantiene abierta la puerta para culminar la negociación «ante las necesidades extraordinarias marcadas por la pandemia». Además, fuentes del departamento de Verónica Casado señalaron que el Decreto es «sólo un marco legal, nunca un obstáculo, diseñado para habilitar a la Gerencia Regional de Salud a mantener esa negociación» y aclararon que «la propuesta defendida hoy (por ayer) en la Mesa Sectorial es la misma que la de la semana pasada; que no ha variado nada de lo hablado antes de la publicación del mencionado decreto».

Según la Consejería, « el objetivo es seguir negociando en las mismas condiciones previas , es decir, confluir en la defensa de la salud de la población manteniendo el equilibrio necesario y obligatorio con los derechos adquiridos por los profesionales de Sacyl». Por último, recordaron que «normas muy similares a la que se quiere poner en marcha en Castilla y León ya han sido acordadas en otras regiones, como son Cataluña, Andalucía, La Rioja, Aragón y Asturias».

Lo cierto es que ante la polémica suscitada por el Decreto aprobado el sábado, la Consejería optó ayer por dirigirse personalmente a los profesionales de la Comunidad para, a través de una carta firmada por la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez de Miguel, explicar que su objetivo con la citada norma era «reforzar la lucha contra la pandemia», algo que «no coarta la negociación» con los representantes de los trabajadores y que solo se aplicaría de manera temporal si son «indispensables» para el funcionamiento del sistema. La directora general aclaro, además, que serían medidas aplicables a los niveles 3 y 4 de alerta y que «tendrán que estar, en todo caso, debidamente motivadas e incentivadas».

Desde la Administración llegó también la valoración del gerente de Sacyl en Valladolid, Eduardo García Prieto, quien insistió en que se trata de un decreto que «no es muy diferente de la situación normativa marco» de marzo, de disponibilidad del personal, aunque en aquel momento «fue el Estado el que lo sacó, a través de un Real Decreto, y ahora lo hace la Junta», informa Efe. En este sentido, detalló que el Decreto en sí tiene mucho margen y requiere de una orden para el desarrollo de cualquier medida que la Consejería intenta que sea consensuada, por lo que la idea que han trasladado los sindicatos «no es correcta». De hecho, puntualizó, no habla de traslados forzosos sino que abre su posibilidad en situaciones de «absoluta necesidad», aunque la medida requiere de una orden y de negociaciones, insistió García Prieto. Y explicó cómo en la primera ola, con el Decreto Ley del Gobierno que permitía esta disponibilidad, no hizo falta recurrir a los traslados forzosos por que todo se hizo «con personal voluntario».

Sin embargo, todas estas explicaciones de Sanidad no convencieron nada a los representantes sindicales que por unanimidad manifestaron su rechazo absoluto al Decreto, para el que pidieron su retirada en la reunión de la Mesa Sectorial ya que consideraron que «es la suma del nacional, por el que nos estamos movilizando, y el del estado de alarma», señaló el secretario autonómico del Sindicato Médico CESM y también presidente nacional, Tomás Toranzo. A su juicio, «todo es imposición, el ordeno y mando, cuando las soluciones, si no son fruto del consenso, son imposibles».

En este sentido, insistió en que la norma «no era necesaria» dado que la propuesta sindical pasaba por mantener la voluntariedad de las medidas, como puede ser el traspaso de especialidades o los traslados, pero «para hacer ese desaguisado sí necesitan el Decreto porque se están saltando la legalidad», que es la que recoge el Estatuto jurídico del personal sanitario actualmente vigente.

La responsable del sindicato de enfermería, Satse, Mercedes Gago, también mostró su malestar por la actuación de la Consejería que consideró «un atropello de derechos» y destacó especialmente el hecho de que pretendan aplicar las medidas de reorganización en los estados de alerta tres y cuatro, cuando su propuesta era sólo para el cuatro. «El decreto va más allá y quiere convertir en prestaciones obligatorias las que ya se están haciendo de forma voluntaria», matizó Gago.

Las dos posturas, la sindical y la de la Junta, están, por el momento, muy alejadas unas de otras, como lo están en el plano político en el que los partidos ya han tomado posiciones. Ayer, el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, aseguró que el rechazo de la oposición y los sindicatos al decreto autonómico responde exclusivamente a «una cuestión política». Alertó, además, de que el Ministerio de Sanidad diseñó una orden similar y ningún sindicato se mostró en contra entonces. Así, se refirió en concreto al Real Decreto Ley del 29 de septiembre, en el que según él se recogían medidas especiales de prestación de servicios para el personal sanitario similares a las que ahora ha establecido la Junta.

En el otro lado, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, volvió ayer a la carga para apoyar los planteamientos de Díaz Villarig y, si bien en un principio señaló que «no seré yo el que haga lo más mínimo por generar inestabilidad» a la pregunta de si también pedía la dimisión del presidente de la Junta, terminó por señalar que «si Mañueco no retira el Decreto de forma inmediata, tiene que marcharse; aún está a tiempo».

Y con su ya habitual estilo a base de palabras gruesas, el líder de Podemos en la Comunidad, Pablo Fernández, pidió la dimisión de Mañueco, Igea y Casado por el «deleznable trato a los sanitarios» y se detuvo especialmente en el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, del que dijo que «mea a los profesionales y les dice que llueve. Es intolerable».

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