Money

El artículo 17 de nuestra Constitución reza que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, dos bienes constitucionales de primer orden puesto que conforman un presupuesto indispensable para el efectivo disfrute y cumplimiento de resto de derechos. Sin embargo, en la práctica suponen un binomio en constante tensión, en donde siempre es necesario sacrificar en mayor o menor medida a uno en beneficio del otro. Baste recordar el debate ya superado hacia una década sobre la implantación de sistemas de video vigilancia en aras a la seguridad ciudadana, contribuyendo a la prevención y persecución del delito, pero al mismo tiempo suponiendo el sacrificio de no pocos derechos y libertades. Hoy convivimos con esas cámaras en vías públicas, bancos, comercios, bares...

Viene al hilo esta reflexión porque hace unos días se registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la eliminación gradual del pago en efectivo hasta su desaparición definitiva. Es una propuesta que pretende reforzar la seguridad en el ámbito tributario luchando contra algunas modalidades de fraude fiscal, a costa de someter a los ciudadanos a un mayor control de sus decisiones de gasto, socavando su libertad/privacidad en ese ámbito. En esta línea sonó hace un año la posibilidad de rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite para los pagos en metálico entre profesionales, como por ejemplo sucede en Francia y en Portugal.

Más allá de considerandos partidistas, a mi juicio es una idea interesante si nos olvidamos de la radical propuesta de eliminar el efectivo, que además de no estar permitido en la Eurozona, sería muy injusto con algunos colectivos que sufrirían una suerte de exclusión financiera. Por un lado, porque hay muchos ciudadanos no bancarizados, sin cuentas ni tarjetas, que serían los más perjudicados y que suelen ser los más vulnerables. Por otro lado, porque hay gran parte del territorio nacional, y de eso sabemos mucho en Castilla y León, sin un acceso digno a Internet, donde no se podría garantizar la viabilidad técnica de los pagos con tarjeta. En ese caso, sin la posibilidad de pagar en efectivo, volveríamos al trueque, y mi suegra debería canjear una docena de huevos de sus gallinas por tres barras de pan si quisiera disfrutar de ese rico alimento en Villalcón, un pueblecito palentino de sesenta habitantes.

Pero si valoramos la medida de reducir el límite máximo de las transacciones en efectivo, estaríamos ante la disyuntiva seguridad versus libertad que comenté con anterioridad. Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que muchas de nuestras decisiones de gasto queden registradas, si con ello se lo ponemos más difícil a los que quieren defraudar a Hacienda. En este punto sería bueno recordar que España se sitúa a la cabeza de la economía sumergida en la UE con un 22% de su PIB, el doble que Francia y el triple que Alemania. Inaceptable, porque cada año Hacienda deja de ingresar unos 60.000 millones de euros, que nos vendrían muy bien en estos tiempos de pandemia para reforzar la sanidad pública y la atención a nuestros mayores. ¿O no? Money, money, money…