Ahora sí, pero antes también

En octubre la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) publicó un informe que pasó inadvertido. Decía que en 2018 había en España doce millones de personas en riesgo de pobreza. Lo medían con la llamada tasa AROPE, que contabiliza las personas afectadas por al menos uno de estos problemas: pobreza monetaria, situación de privación material severa o que viven en hogares con muy poca intensidad de trabajo. Esa tasa era en España del 26%, la séptima más alta de la UE, sólo superada por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Y como ese riesgo es mayor en familias con niños, especialmente en las monoparentales, nuestra tasa de pobreza infantil rozaba el 30%, la tercera más alta de la UE. Desolador.

En Castilla y León la tasa AROPE era «sólo» del 19,5%. Y quizás porque al 80% no nos afectaba, no prestamos atención a la recomendación de la EAPN para reducir esa tasa de pobreza: la creación de una renta mínima, con naturaleza de prestación no contributiva, condicionada a demostrar tanto la situación de necesidad del potencial beneficiario como sus esfuerzos por encontrar trabajo. Sería compatible con la renta básica regional, un derecho inherente a la condición de residente de un territorio. Por esa misma razón, porque no iba con nosotros, quizás tampoco recordemos el agrio debate que hubo el año pasado en torno a una ILP con más de 700.000 firmas que promovía la creación de esa renta mínima.

Pero claro, ese desinterés era antes. Antes de la pandemia. Antes de que la crisis sanitaria del Covid-19 se convirtiera en una brutal recesión que puede derivar en depresión sistémica si Europa no lo impide. Antes de que en marzo se destruyeran 250.000 empleos y que tres millones de trabajadores estuvieran inmersos en ERTEs. Antes de que esa tasa de riesgo de pobreza se dispare a registros inimaginables, y nos engulla. Ahora parece que sí nos interesa, que sí la queremos. Ahora, sí se apoya. Lo ha hecho el mismísimo Luis de Guindos, vicepresidente del BCE y ministro de Economía con Rajoy. También muchísimos economistas de corte liberal, vinculados a FEDEA e impulsores del conocido blog de economía Nada es gratis. Los defensores del libre mercado pidiendo a gritos la intervención del Estado… surrealista.

Normal. Es necesaria y urgente la creación de esa renta mínima vital. Coyuntural si sólo pensamos en los afectados por la crisis del Covid-19; estructural si empatizamos con los que la penuria es consustancial a sus vidas. Por razones de justicia social. Por razones humanitarias. Incluso por razones económicas, para aquellos que todo lo miden por su contribución al PIB o al déficit público, es sencillo de justificar. En un contexto como el actual de crisis de oferta y demanda, con una elevadísima incertidumbre sobre cómo, cuándo, dónde se producirá la recuperación, la clave radica en aumentar la capacidad de gasto de los colectivos más afectados. Cuanto antes se recupere el consumo, antes llegará la salida de esta crisis. En consecuencia, tanto por razones de eficacia como especialmente de equidad, esa renta mínima vital ahora es imprescindible. Sí, ahora sí, pero por los mismos motivos, antes también.