Jueces y abogados reclaman oficinas judiciales en las cárceles de Castilla y León

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, pidió ayer el apoyo del Consejo de la Abogacía de Castilla y León para solicitar al Ministerio de Justicia que se cree una oficina judicial en cada una de las ocho cárceles de Castilla y León al considerar que servirían para agilizar y facilitar las comunicaciones con la población reclusa. De hecho, Concepción tildó de «anacrónico» el actual modelo, desarrollado través de juzgados de paz próximos a los centros penitenciarios. Además, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo , estimó que estas oficinas supondrían también un ahorro de costes y de tiempo en los casos en que se requiere la intervención de presos por videoconferencia para procesos judiciales.

Concepción y Sanz Orejudo se reunieron ayer, junto a otros representantes de la judicatura y la abogacía en la Comunidad. Una de sus peticiones conjuntas es que se refuercen los equipos psicosociales de los juzgados de Familia , cuya falta de dotación suficiente provoca atascos importantes en las resoluciones en esta materia. Ambos trasladaron ya esta petición al Ministerio de Justicia en febrero de 2019, aunque todavía no han obtenido respuesta.

Concepción aseguró que la «corta dotación» de estos equipos está provocando «retrasos y disfunciones» en los juzgados de Familia , hasta el punto de que algunas resoluciones de divorcio o separación se llegan a demorar más de un año. Los retrasos afectan también a cuestiones tan delicadas como los casos de custodia.

Los abogados de Castilla y León solicitaron también el apoyo del TSJCYL para solicitar que se revise la Ley de Enjuiciamiento Civil para que incluya medidas para conciliar la vida familiar y laboral de los letrados. Sanz Orejudo ve necesario que se revise el artículo sobre la suspensión de vistas, que solo habla de causas específicas, como la muerte del letrado, pero no concreta aspectos como la enfermedad, la maternidad, el matrimonio, la defunción de familiares o el cuidado de los hijos, que quedan sometidos a la discrecionalidad del juez.

En esta misma línea, los abogados piden que se regule su descanso vacacional en agosto, igual que el que disfrutan ya los jueces y funcionarios de justicia. Se trataría de declarar un «apagón digital» de notificaciones en ese mes y declararlo inhábil para todas las actuaciones judiciales, salvo guardias de turno de oficio o asuntos de urgencia.