La necesidad de consenso

Hace apenas unos días conocíamos los datos del paro. Datos totalmente previsibles debido al parón completo de la actividad económica que venimos sufriendo durante mediados de marzo. Los datos confirman que en Castilla y

León los desempleados superan los 166.000, sin incorporar, claro está, los más de 160.000 trabajadores que se encuentran en una situación de regulación temporal de empleo (ERTE).

Ante una situación de incertidumbre generalizada provocada por la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos, parece ser que desde el Gobierno se pretende que los ERTE, y sus consecuencias derivadas, estén exclusivamente ligadas a la prórroga del Estado de Alarma, lo que es totalmente incongruente pues estos instrumentos de regulación laboral deben mantenerse más allá de las posibles prórrogas existentes al objeto de estabilizar los cimientos del empleo, ya que la recuperación va a ser lenta y la capacidad de producción va a ser inferior a la que se venía manteniendo hasta la aparición de la Covid-19.

A este respecto, cuando la actividad empresarial empiece a reactivarse, es imprescindible poner en funcionamiento el motor que hará que aumente la producción hasta alcanzar los niveles existentes anteriores a la pandemia: el consumo de los ciudadanos. Si no hay consumo por parte de las familias, la producción se verá muy limitada y será la causa de posibles despidos de trabajadores. Para ello es importante generar confianza en el consumidor, algo que se logrará si el Estado y la realidad existente en el día a día proyectan una imagen de garantía en materia sanitaria y de control de la pandemia.

La verdad es que los ERTE por fuerza mayor han sido determinantes para la estabilización del empleo, ya que PyMes y autónomos tenían el grave problema de una disminución total de las ventas junto con la transformación de los pequeños beneficios que venían obteniendo en grandes pérdidas, lo que hace peligrar el sostenimiento de la empresa. El ERTE, por tanto, ha permitido paralizar la sangría de despidos que se podrían haber producido. De ahí la importancia de seguir manteniendo su vigencia más allá de posibles prórrogas del Estado de Alarma, puesto que si desaparecen se produciría un problema de consecuencias económicas y sociales impredecibles. No obstante, los ERTE no se pueden mantener de por vida, puesto que son una herramienta excepcional que conllevan un elevado coste para el Estado. Ante esta situación existen dos plazos claves para el impulso de la reactivación económica del país: el verano y las navidades. El período estival está cada día más cerca y es a partir de ese momento donde debe ir normalizándose la actividad económica y social de España cobrando una especial relevancia el turismo nacional.

Nuestra región depende en gran medida del turismo rural, lo cual debe potenciarse. Este verano va a ser uno de los sectores estrella. La realidad es que el ámbito rural presenta una situación mucho más segura frente a la Covid-19 que en las grandes urbes al considerarse zonas que no han tenido, o al menos en menor medida, contagios. A este respecto, en Castilla y León se cumplen las condiciones, mínimas y necesarias, para reactivar el turismo rural, pudiendo seguir prestando los servicios que se encuentran ligados a la región, como son la restauración, el ocio y la gastronomía.

Solo con el consenso, y la determinación de todos los actores intervinientes, seremos capaces de reactivar el consumo de los hogares, la actividad empresarial y el sostenimiento del estado del bienestar, garantizando que los ciudadanos puedan vivir, con el esfuerzo de su trabajo siempre que lo haya, de la mejor forma posible y con la máxima calidad de vida, logrando crear las bases mínimas que logren un futuro social, económico y sanitario mejor para las nuevas generaciones.

*Juan Carlos de Margarida es el decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid