A gobernar

Los nombres de los consejeros basculan entre el hastío y la esperanza. Entre los últimos, Javier Ortega en Cultura y Rocío Lucas en Educación, aunque habrá que aguardar sus discursos programáticos. El primero rompe la tradición de 16 años de jarrones chinos para una consejería importante en Castilla y León, y 14 de un secretario general, que no será recordado por su sensibilidad y eficacia gestora. Algunos cambios debería introducir Ortega que afectan a temas de raíz: entender la cultura como servicio público, al que constitucionalmente tienen derecho todos los ciudadanos, y por tanto, orillar políticas elitistas o costosos fastos, que dejan escaso poso. En la línea del interés general no estaría de más que retornaran a la administración muchas de las competencias cedidas a entidades paralelas; redactar una verdadera política cultural, con priorizaciones y capilarización para llegar más rincones, y medidas para separar el grano de la paja y dar menos cuartelillo a los pesebristas, que como plaga revolotean por la consejería sin logros contrastables. Auditar los grandes contenedores culturales, proyección y resultados, sin hacerse trampas en el solitario como era costumbre.

Que la consejera de Educación no sea profesora de universidad ya es una buena noticia. La consejería necesita regeneración y transparencia en todos los ámbitos. Amparados en los buenos resultados de Pisa y en las iniciativas que imprimió el equipo de Guisasola, la educación ha sesteado a lo largo de las últimas legislaturas. Necesita remplazar a burócratas altos cargos que con su implacable gris plomo han fundido las estructuras. Viene precedida de fama de buena gestora pero ¿se atreverá a cesar a algunos excompañeros? Interesante piedra de toque. Como en Cultura debe recuperar competencias perdidas en entes paralelos, dotar de medios para tener universidades más competitivas, atender al cuerpo docente y reformular las enseñanzas, con especial atención a la profesional.