Hasta ocho meses de espera para un informe pericial por un delito de violencia de género

María Boado Olabarrieta , fiscal delegada de Violencia de Género para Castilla y León, compareció ayer por primera vez en las Cortes autonómicas, en el marco de la Comisión no permanente creada esta Legislatura. Boado hizo una detallada exposición de su labor al frente de la Fiscalía (también es fiscal en la Audiencia de Burgos) y, sobre todo, de los problemas y necesidades a los que se enfrenta día a día. En este punto, insistió en la necesidad de más medios materiales y humanos para proteger a las víctimas, ayudarlas a denunciar y a pasar el difícil proceso judicial.

La delegada autonómica explicó cómo en el momento en el que se judicializa la agresión se abren dos vías de actuación: la primera y más importante, la protección de las víctimas y de los hijos menores, y, la segunda, la investigación del delito y posterior acusación al agresor. Sin embargo, según explicó Boada, conseguir que la agresión llegue a los tribunales no suele ser fácil porque muchas mujeres agredidas siguen sin querer denunciar «y sin denuncias no podemos hacer absolutamente nada». «Las estadísticas no reflejan la violencia de género que existe sino sólo la que se denuncia» , insistió, razón por la cual pidió «incentivar la denuncia, apoderar a la víctima frente a su agresor y el mejor mecanismo para eso es que las mujeres sean conocedoras de sus derechos». Para avanzar en el objetivo de que aumenten las denuncias, la fiscal burgalesa propone que al igual que los médicos disponen de un protocolo -«que está funcionando muy bien»- para presentar una denuncia si hay sospechas fundadas de un maltrato, también lo tengan los asistentes sociales y los psicólogos, ademas de los docentes de los centros escolares.

Según María Boado, el segundo problema con el que se enfrenta es la valoración del riesgo de las víctimas, que varía y que es difícil de detectar. Y en esta labor de seguimiento y protección de la maltratada «es necesario aumentar el número de policías y pedir la colaboración de los agentes locales». El intercambio de información entre los servicios sociales y los órganos judiciales, «también resulta fundamental» y, en este sentido, demandó que se remitan a estos últimos los autos de sobreseimiento cuando no se denuncia o la víctima no quiere declarar para mantener la vigilancia. Ya en la fase del proceso judicial, María Boado advirtió del hecho de que la agredida se convierte en «víctima del procedimiento penal debido a que se prolonga en exceso». «El problema son las pruebas periciales», apuntó, ya que las unidades de valoración integral no son exclusivas de los juzgados de violencia de género. Este hecho provoca que haya que esperar hasta ocho meses para recibir un informe pericial y mientras no esté, el fiscal no puede calificar el delito. La falta de medios lo evidencia el hecho de que mientras en Andalucía las citadas unidades cuentan con 63 forenses, en Castilla y León hay 27.

Por último, la fiscal de violencia de género insistió en la necesidad de concienciar a la juventud y que tenga claro qu e zarandear a una compañera «es un delito, porque no lo saben».