La ESO incluirá «Educación para la paz» en memoria de las víctimas del terrorismo

Memoria, dignidad, justicia y verdad son los cuatro pilares básicos sobre los que se sustenta el anteproyecto de ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León», dijo el pasado día jueves el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que dio cuenta del nuevo texto legislativo. «Se trata de mantener el relato veraz y que el tiempo no nos diluya este asunto», aseguró antes de desgranar la primera ley de rango autonómico elaborada en España tras la aprobación de la nacional en septiembre de 2011. Su objetivo es, precisamente, incorporar en una norma básica todas las medidas de protección autonómicas que tienen a las víctimas del terrorismo como destinatarias (la mayoría ya contempladas en diferentes programas y líneas), así como garantizar su reconocimiento y mantener su memoria. Con este fin se incluye una de las medidas más novedosas como es la inclusión en el currículum educativo de los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de la Comunidad la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo en España.

«Era necesaria una ley para el reconocimiento a las víctimas, para que no se sientan olvidadas», insistió De Santiago-Juárez. de forma que el nuevo texto legislativo tiene por objetivo, además del citado reconocimiento «su atención integral, mediante el establecimiento de medidas de protección y actuaciones dirigidas a la reparación de los daños sufridos, así como el recuerdo y homenaje a todos aquellos que sufran la acción terrorista».

La nueva norma, que a mediados del próximo mes de septiembre entrará en el Parlamento autonómico como proyecto de ley para su debate y aprobación definitiva, ha sido consensuada con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León cuyas sugerencias han sido incorporadas. En la Comunidad están contabilizadas 392 víctimas (la mayor parte de ETA, así como del 11-M y del Grapo) , de las cuales 44 fallecieron en los atentados. A quienes sufrieron de forma directa las acciones terroristas, a sus cónyuges y a sus hijos van dirigidas las ayudas asistenciales que recoge el anteproyecto. Pero, además, se extiende el calificativo de víctimas a los padres, abuelos, nietos y hermanos, quienes serán también los destinatarios de todas las acciones de reconocimiento y apoyo.

De esta forma, entre las ayudas de tipo asistencial, se incluye el derecho a recibir tratamientos médicos, prótesis o intervenciones quirúrgicas que deriven del atentado y no hayan sido cubiertos por el sistema público o privado de aseguramiento. En materia educativa, las víctimas tendrán gratuidad absoluta en el servicio de comedor y estarán exentas de abonar los precios públicos en programas como «Madrugadores» y «Tardes en el Cole», además de las tasas universitarias o enseñanzas de régimen especial. Tendrán un acceso directo a centros residenciales para mayores sostenidos con fondos públicos y dispondrán de una consideración especial a la hora de percibir prestaciones sociales y en el acceso a una vivienda de protección oficial y a un empleo.