Los impuestos y las inversiones complican la reapertura de Garoña

J. G. NAVARRO

10/02/2017
Actualizado a las 08:56h.

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Alas 22,57 horas del domingo 16 de diciembre de 2012 la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) se desacopló de la red eléctrica nacional porque mantenerla en funcionamiento era inviable económicamente, según sus propietarios Endesa e Iberdrola, ya que los nuevos impuestos aprobados semanas antes por el Gobierno de Mariano Rajoy sumaban unos extracostes para esta vieja central de casi 170 millones de euros en 2013, lo que suponía el doble de los ingresos previstos por la venta de energía. Garoña tenía entonces una plantilla de 329 trabajadores, aunque daba empleo a otro medio millar de personas a través de 51 empresas subcontratadas. Cuatro años y dos meses después, el Ejecutivo mantiene la misma fiscalidad. En concreto, el impuesto del 7% a la generación eléctrica (a Garoña le suponen unos 12 millones de euros al año); la tasa a la extracción de uranio -2.190 euros por cada kilo de este combustible- (153 millones de euros) y la tasa sobre generación de residuos (0,5 millones de euros).

Además, la central tendría que acometer unas inversiones de unos 150 millones de euros para cumplir con las modificaciones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Por todo ello, y aunque es el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es quien debe emitir el dictamen definitivo sobre si se puede reabrir la central, es Nuclenor -la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola propietaria de la planta- el que tendrá la última palabra.

Distintas fuentes consultadas por este periódico coinciden en que es «prácticamente inviable» que la central vuelva a funcionar, ya que los nuevos impuestos y las inversiones necesarias generarían elevadas pérdidas a la misma y la dejarían «fuera de mercado». Solo la nueva fiscalidad encarece un 27% el coste medio de generación de Garoña.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, dijo ayer que la decisión sobre la posible reapertura de Garoña corresponde a Nuclenor , que analizará las inversiones necesarias y determinará «si es rentable o no». Tras participar en el 14º Encuentro del Sector Energético, organizado por el IESE y Deloitte, Bogas explicó que Nuclenor estudiará, «cuando lo recibamos», el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que «no es una cuestión de discutir la seguridad» de la planta porque los criterios en ese ámbito son los que fija el CSN. Durante su intervención en la jornada, Bogas afirmó que alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años «tiene todo el sentido», al menos hasta 2030. También admitió que las plantas nucleares «se pueden cerrar pero, ¿qué alternativas hay?. A lo mejor se podrían sustituir por las centrales de ciclo combinado de gas» que están infrautilizadas. Bogas negó que haya recibido «sugerencia alguna» del Gobierno para reabrir esta central.

La más antigua

Por otra parte, no hay que olvidar otros aspectos que pueden ser determinantes a la hora de tomar una decisión sobre esta planta, ya que se trata de la más antigua del parque nuclear español . Empezó a operar en 1971, mientras que las otras siete plantas arrancaron en la década de los 80. Además es, con diferencia, la que menos potencia tiene (466 MW), cuando las demás superan los 1.000 MW. Es decir que, como dice un refrán, «puede costar más el collar que el galgo».

Por si todo esto fuera poco, hay que destacar el exceso de potencia eléctrica instalada en nuestro país , que supera los 100.000 MW. Por eso, la parada de Garoña desde finales de 2012 apenas se ha notado en el sistema eléctricos.

De momento, ayer Nuclenor se limitó a remitir un comunicado en el qu e valoraba la finalización del informe presentado por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), «tras la inspección y evaluación exhaustiva de las condiciones técnicas de la central que se ha prolongado durante casi tres años».

De esta forma, la sociedad propietaria de la planta - compuesta al 50 por ciento por las eléctricas Iberdrola y Endesa - aseguró que «analizará» todos los aspectos del informe, «junto con el resto de condiciones de contorno aplicables» para decidir sobre el futuro de la instalación, según precisaron fuentes de la compañía en un comunicado en su página web recogido por Ical.

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