Economía
Impuesto y sueldos de los funcionarios congelados por falta de Presupuesto
La prórroga de las Cuentas obliga a que la nómina de los empleados públicos no pueda variar, lo mismo que los gravámenes y precios públicos
Congelados, y no sólo por las frías temperaturas que han acompañado el cambio de año. Además de campos, tejados y fuentes, hay otros elementos a los que las campanadas han dejado como estaban. Bien es cierto que de una manera temporal aún sin determinar, pero para cuestiones como tasas, precios públicos, impuestos o el sueldo de los empleados públicos es como si siguiera siendo 2016. Y es que la falta de Presupuestos de la Comunidad dibuja este escenario, con una prórroga de las Cuentas del pasado ejercicio a éste hasta que se elaboren y den el visto bueno a las definitiva. Una situación que no es nueva, pues ya de cara a 2012 se adoptó la misma decisión, aunque entonces en una situación económica más complicada que implicó incluso meter la tijera. Esta vez, el decreto al que el pasado jueves dio el visto bueno el Consejo de Gobierno de la Junta no es tan restrictivo y sí más «blando» y «flexible».
En este caso, para encontrar las causas, más que a la situación económica de entonces que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) a convocar elecciones generales anticipadas en noviembre de 2011 sin elaborar los Presupuestos del Estado, hay que mirar a la situación de interinidad en la que ha vivido el Gobierno de la Nación durante casi un año, marcada también por otros comicios.
Hasta que el pasado 31 de octubre Mariano Rajoy no tomó posesión y comenzó a diseñar su Ejecutivo, la maquinaria oficial estuvo al ralentí. Y ya entonces estaba fuera de plazo para presentar y aprobar las Cuentas nacionales, que normalmente comienzan su tramitación parlamentaria al arrancar octubre. Esta vez, ni siquiera están diseñados, lo que condiciona a su vez a las cuentas de las comunidades, y, claro está, las de Castilla y León al desconocer las entregas a cuenta a través del modelo de financiación. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ya ha advertido de que ese dato es «clave» y no se conforma con el avance enviado por el Ministerio en octubre, con una «merma» en los recursos de 130 millones de euros respecto a la cuantía 2016 . Junto a otras partidas, suponen algo más de seis de cada diez euros de las Cuentas de la Junta. Además, tampoco está definido el cuadro macroeconómico con las estimaciones de la evolución del PIB (Producto Interior Bruto) o paro a nivel estatal, espejo en el que se mira Castilla y León para definir el suyo. Sí lo están los objetivos de déficit (0,6 por ciento del PIB) y deuda (19,8).
Aunque la Consejería de Hacienda hace meses que comenzó a trabajar en los presupuestos, éstos no están aprobados, al igual que la Ley de Medidas de Acompañamiento en la que se fijan los impuestos, tasas, precios públicos... Así que heredar en el arranque de 2017, comprar una vivienda usada y hacer el correspondiente documento público costará lo mismo que hasta ahora, pues la prórroga implica que no se pueden variar los impuestos propios o cedidos de la Comunidad. Así, aunque hasta junio no será momento de cumplir con el Fisco, el tramo autonómico del IRPF (Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas) continuará igual y siendo el mismo tipo que el vigente para 2016, cuando experimentó una reducción en los cinco tramos en que se divide en función de los ingresos. Una bajada que para adaptarse a la tarifa estatal que, según la Junta de Castilla y León, iba a tener un coste para las arcas públicas de 50 millones de euros que se quedaban en los bolsillos de los ciudadanos.
En negociación
Tampoco cambian los tres impuestos que tiene asumidos la Comunidad: Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, por lo que heredar, hacer una cesión de bienes y darlo oficialidad. Ni los dos únicos propios que tiene en marcha la Comunidad, después de que de cara a 2016 diese definitivamente carpetazo al conocido como «céntimo sanitario» , en vigor desde marzo de 2012, en plena época de vacas flacas e imposibilidad de financiarse en los mercados. Por un lado está el que grava la eliminación de residuos en vertederos; por otro, el aplicable sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Aunque en el caso de este último, la consejera de Economía y Hacienda ya avanzó que están negociando la posibilidad de eximir del pago a las nuevas inversiones en la Comunidad hasta que hayan amortizado el coste para «no» perjudicarles en la subasta de renovables que va a convocar el Gobierno de la Nación.
Imperturbables, por el momento, las tasas y precios públicos. Así, licencias de caza y pesca tampoco variarán , lo mismo que los costes de cursos oficiales o documentos. Invariables, los cincuenta beneficios fiscales que la Junta decidió mantener el pasado año, así como las tasas, que no amplió y sólo aplicó cambios sobre seis.
Claro que si éstos no podrán subir, los castellano y leoneses tampoco podrán beneficiarse de una hipotética rebaja de impuestos en los tipos sobrelos que tiene «mano» la Comunidad.
165.000 empleados públicos
Y si a nivel estatal los empleados públicos seguirán al menos en enero con el mismo sueldo que en los últimos meses, en el caso de los que dependen de las arcas autonómicas, lo mismo. Los cerca de 85.000 trabajadores a cuenta de las arcas regionales verán cómo su nómina no cambia con el paso de hoja en el calendario, pues para ello deben estar listas las Cuentas, primero estatales y, posteriormente, regionales. También los más de 9.000 trabajadores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) se encuentran en la misma situación, al igual que los 36.000 a cuenta del Estado y los cerca de 35.000 de las administraciones locales. En total, unos 165.000 trabajadores con sueldo del erario público.
Y así estarán tributos, tasas, precios y sueldos de trabajadores hasta que las Cuentas estén listas, algo para lo que aún no hay fecha. Primero los tiene que elaborar y confeccionar el Gobierno de Mariano Rajoy, de modo que sirvan para dar una «pista» a los números regionales. Después, la Consejería de Hacienda debe hacer lo propio, para remitirlos a las Cortes, de modo que logren su aprobación y puedan entrar en vigor. En circunstancias normales, el cuadrante numérico se registra en el Parlamento en torno al 15 de octubre y unos dos meses después llega al Pleno para su debate y votación, de modo que pueda entrar en vigor el 1 de enero. Desde la Junta ya han apuntado la intención de pedir a las Cortes que agilicen el procedimiento, dentro de lo posible, de acuerdo a los plazos legales. Pero no es el único escollo. El Gobierno de Juan Vicente Herrera no tiene suficiente con los 42 votos de los procuradores del PP, justo la mitad del hemiciclo, para sacar las Cuentas adelante en solitario, por lo que al menos requiere que otro parlamentario no vote en contra. De cara a 2016, finalmente se granjeó la abstención del procurador leonesista de UPL y de los cinco de Ciudadanos.
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