Iguales ante la ley

la Constitución Española es un texto al que unos pocos quieren meter mano y unos muchos temen siquiera rozar. El miedo que paraliza a estos últimos sin duda viene provocado por el hecho de que, una vez abierto ese melón, el riesgo de caer en manos de los trolls sería demasiado alto. Sobre todo, a la vista de la insolidaridad, el egocentrismo onanista y la falta de escrúpulos y moral de esos políticos regionales que, en nombre de unos supuestos derechos históricos de determinación, sólo se han preocupado, en verdad y durante cuarenta años, de llevárselo crudo.

Pero no hay por qué temer a la Constitución ni a sus enmiendas, siempre y cuando se tenga claro que algunos títulos y artículos son intocables y algunos principios inamovibles, verbigracia, el de la indisoluble unidad de España o el que asegura categóricamente, en el artículo 14 del Título 1, que los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Pero hete aquí que justamente es ese artículo el que más se vulnera y desde más frentes en esta España invertebrada.

Y la causa fundamental de esa vulneración no es otra que la permisividad -aquí da igual de qué color haya sido- que el gobierno central ha mostrado con los diecisiete reinos de taifas -las dos ciudades autónomas en esto han sido bastante más escrupulosas, hasta ahora- mal llamados comunidades autónomas.

En este sentido, España, o mejor dicho, el Gobierno de España, ha hecho una clara e insidiosa dejación de funciones a lo largo de cuarenta años. Y así, no es de extrañar que hayan nacido nuevos partidos políticos, con expectativas al alza, que estén cargándose de razones para poner en tela de juicio la bondad del sistema autonómico. ¡Y ojo!, que la cuestión no es que esa postura la adopten algunos partidos, sino la cantidad de electores que puedan llegar a estar de acuerdo con esa visión del país.

No es admisible, por ejemplo, que en España haya lugares donde estudiar en castellano sea poco menos que imposible. No es de recibo tampoco que la sanidad pública, pagada con el dinero de una buena parte de españoles, sea mejor en una ciudad que en otra.

Y tampoco, que el impuesto de sucesiones, el fruto del trabajo de unas personas que quieren dejar parte de él a sus hijos -con permiso de nuestra insaciable y voraz Hacienda- sea más gravoso en un reino de taifas que en otro. Todos estos ejemplos y muchos más incumplen flagrantemente ese principio constitucional básico. Así que, si no queremos volver a hablar de centralismo, habrá que hablar de cohesión, normalización y solidaridad en clave española. Eso o…