Igea carga contra la Agenda para la Población de la Junta 2010-2020
«Ni se definió quién hacía qué ni hubo coordinación entre las consejerías», denuncia
El vicepresidente de la Junta y actual máximo responsable de las políticas para afrontar el reto demográfico en Castilla y León, Francisco Igea, no ha tenido piedad con sus antecesores y cargó ayer duramente contra «la falta de resultados» de la denominada Agenda para la Población 2010-2020 al no cumplirse, en su opinión, ninguno de los objetivos específicos previstos. En su intervención en las Cortes de Castilla y León, tras señalar que se «pecó de optimista» con un plan aprobado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera en 2009, ha concluido también que «no se priorizaron ni planificaron» las medidas.
También ha señalado la ausencia de «un liderazgo» que impulsar a la implementación de la agenda al concluir que «no se definió ni al principal responsable ni quién hacía qué». Vinculado con lo anterior, el actual portavoz del Ejecutivo Autonómico ha afirmado que no existió «coordinación ni colaboración entre las Consejerías y otros actores encargados de ejecutar las actuaciones previstas».
«Enmienda» al PP
La socialista Alicia Palomo y Laura Domínguez (Podemos) han coincidido en que la evaluación de la Agenda de la Población, presentada por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, en las Cortes es «una enmienda a la totalidad» a las políticas del PP, con el que ahora gobierna.
Antes de proferir sus duras conclusiones, Igea había desgranado, uno a uno, los resultados de los objetivos planteados por la Agenda para la Población. En primer lugar, se ha referido a la meta general del plan de situar a Castilla y León entre las cien regiones europeas con mayor avance neto de mejora de la población . Un objetivo que ha quedado «muy lejos» al situarse la Comunidad en el puesto 313 de un total de 332. Tampoco ha visto cumplido el relativo a la mejora del apoyo de las familias para que pudieran tener el número de hijos deseado, recordando además que, en la última década, la edad medida de maternidad subió en Castilla y León de los 31,81 a los 32,64 años.
En lo relativo a la integración social de los inmigrantes para que la población de extranjeros creciera, ha destacado el descenso de un 16,72 por ciento «triplicando la pérdida nacional». Sobre el objetivo de extender los apoyos para el retorno de los migrantes castellanos y leoneses en el extranjero, «tampoco se alcanzó» al ser muy inferior al nacional. De igual manera, Castilla y León ha presentado un saldo negativo todos los años «salvo en 2020 por la inversión originada por la pandemia» en relación a la entrada de población procedente de otras comunidades.
