Igea ve en los bonos un riesgo de que los jóvenes pierdan interés por lograr un empleo
El vicepresidente de la Junta apuesta por «mezclar inteligentemente los subsidios y la búsqueda activa de un puesto de trabajo»
Quiénes son los beneficiados por los nuevos cambios en el Ingreso Mínimo Vital
Quiénes pueden solicitar el bono cultural
No ha gustado demasiado en la Junta de Castilla y León dos de las medidas más impactantes recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados ayer en Consejo de Ministeros, y destinadas a los más jóvenes. La primera, un bono cultural de 400 euros para todos aquellos jóvenes nacidos en 2004 , es decir, que en 2022 cumplan los 18 años. La otra, los 250 euros mensuales que recibirán los menores de 35 para pagar el alquiler de su vivienda.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, mostró ayer, al término del consejo de Gobierno, sus dudas sobre este tipo de iniciativas y, en especial, sobre el bono cultura. «Es bueno que se incentive el consumo cultural pero es más bueno aún no desincentivar la búsqueda activa de empleo para conseguir la emancipación», reflexionó, para advertir así de que la obtención de ese dinero fácil puede tener efectos «perniciosos». En este sentido, aseguró de que «estas propuestas pueden caer en el populismo fácil y transmitir a los jóvenes la sensación de una situación alejada de la realidad. Pervierten la economía y el mercado laboral», puntualizó.
Y es que para el vicepresidente de la Junta «la búsqueda de empleo es fundamental», aunque también quiso dejar claro que no quiere transmitir la idea de que hay parados que no lo hacen, pero sí que entre los más jóvenes los subsidios pueden ocasionar que se desmotiven para encontrar trabajo y se queden con lo fácil. Por eso, insistió en que «la búsqueda activa es lo más importante para lograr autonomía, independencia y libertad». «Hay que conseguir los mejores incentivos para que las políticas de empleo cumplan con las demandas y aspiraciones de los jóvenes».
En este sentido, recordó cómo en Castilla y León hay en este momento 138.000 desempleados y, sin embargo, hay sectores en los que no es posible encontrar trabajadores. «Hay que entender qué está pasando y hacer una reflexión sobre la capacidad para formar y si las estructuras actuales son las adecuadas», explicó. Igea recordó, además, cómo la filosofía de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León no tiene nada que ver con el Ingreso Mínimo Vital creado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que la primera está orientada a conseguir que sus beneficiarios puedan entrar en el mercado laboral. «Hay que mezclar inteligentemente las dos cuestiones: subsidios y búsqueda de empleo», aclaró el vicepresidente de la Junta. Otro de los aspectos a tener en cuenta, señaló Igea, es que «no se trata de un bono destinado a un sector perjudicado por la crisis, sino a un segmento concreto de la población». De hecho, recordó que si el objetivo es proteger a los sectores que han pasado más dificultades, entre esos no están el de la venta de libros o los videojuegos.
Tampoco lo que se conoce hasta el momento del proyecto de ley de la Vivienda ha convencido a la Junta. A la espera de conocer su contenido exacto, el vicepresidente del Gobierno autonómico apeló al «derecho de propiedad y a la libertad de empresa», a expensas de lo que esta legislación pueda deparar. Pero, sobre todo, reclamó al Ejecutivo central que respete la premisa de seguridad jurídica, ya que «no hay nada que ahuyente más las inversiones que alimentar la inseguridad jurídica» algo que, a su juicio, puede conseguir con las medidas que podría incluir la ley, en la que se penaliza a los propietarios de viviendas vacías y se intervienen los precios de las viviendas de alquiler.
En este punto, y ante la posibilidad de que se pueda gravar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en esos casos, Igea se preguntó si en esto consiste la cogobernanza entre el Gobierno y el resto de administraciones dado que, en los aspectos relacionados con la vivienda, las competencias son autonómicas o municipales. «Parece que es un modelo que ha llegado para quedarse: si lo haces y sale mal, es tu responsabilidad, y si no lo haces, también». «Si quiere legislar, legisle, y si no, deje que tomemos nuestras propias decisiones en función de nuestras competencias», pidió a Sánchez.
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