Funcionarios de Hacienda defienden la «limpieza» de sus actuaciones y niegan una persecución a Triana

Dos funcionarios de Hacienda llamados a declarar durante la jornada de este lunes del juicio por el crimen de Isabel Carrasco han asegurado que los requerimientos realizados a Triana Martínez desde el año 2007 no responden, «en ningún caso», a una persecución fiscal que pudiera haber sido ordenada presuntamente por Isabel Carrasco, tal y como insinúa la defensa. Ambos incidieron en la «limpieza» de las actuaciones iniciadas que, según detallaron, responden a la existencia de «discrepancias» entre lo que la acusada Triana Martínez declaraba y la información que ellos tenían.

El inicio de estas gestiones o requerimientos tiene que ver, además, según hicieron constar, a unos «planes de comprobación» que se llevan a cabo a nivel regional e incluso nacional que no decide la delegación, sino que vienen más o menos impuestos y que en algunos casos están automatizados.

El primero de los declarantes, que aseguró incluso no conocer personalmente a Isabel Carrasco, incidió en que uno de los requerimientos que se le hizo a Triana fue una liquidación con recargo porque presentó el IVA fuera de plazo. En concreto, más de 200 días fuera de plazo. Algo afirmó que se detecta de forma «automática», ya que es el ordenador el que calcula las fechas y el recargo correspondiente. «Ocurre igual que con cualquier contribuyente», sostuvo.

Respecto a la reclamación por el IRPF de 2008 hizo constar que la acusada alegó que «en ningún momento quiso actuar de mala fe» y culpó del error a su asesor fiscal. Sus sanciones se expiden, según los declarantes, o bien por presentar documentación fuera de plazo o por no hacer constar parte de sus rendimientos. Una parte «importante», han añadido. Ambos funcionarios insistieron, pese a las preguntas de la defensa de Montserrat González y Triana Martínez, en que «nunca» han recibido una orden «de nadie» para que persiguieran a una persona concreta.

Además de estos dos trabajadores de Hacienda también se tomó declaración en la primera parte de la sesión prevista para este lunes al inspector jefe de Policía de Burgos, al intendente jefe de la Policía Local de León y al jefe de la Policía Judicial de León , que dirigió y coordinó las investigaciones. Este último defendió en sus declaraciones la actuación policial en las horas posteriores al crimen y dudó que el interrogatorio realizado a Montserrat y a Triana en Comisaría fuera guiado o que los inspectores de Burgos hubieran llegado a ningún tipo de pacto con las acusadas.

Por su parte, el intendente jefe de la Policía Local, superior de Raquel Gago , se centró más en esta acusada. De la que dijo que «nunca tuvo ninguna queja» respecto a si se bloqueaba o no en situaciones difíciles, «ni por escrito ni de forma verbal» y, si hubiera tenido conocimiento de que esto, hubiera tomado medidas. «Si se queda bloqueada su compañero tendría que haber dado un parte para informar de esto» ha añadido pese a reconocer que «en cualquier intervención policial en pareja hay un funcionario que lleva la iniciativa y otro que lo que hace es protegerle». También afirmó que le consta que a Raquel Gago no le gustaban las armas y reconoció que le sorprendió su implicación en los hechos como le hubiera ocurrido con «cualquiera» de los agentes que tiene a su mando y la definió como una «buena» agente, «seria, responsable y de buen trato con los ciudadanos».