Cortes Castilla y León
Los funcionarios que denuncien episodios de corrupción tendrán protección jurídica
La Junta tendrá un año para desarrollar esta PNL impulsada por Ciudadanas y respaldada por el PP
![Agentes de la Policía Judicial se llevan documentos tras el registro del despacho del jefe del Centro de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales del Ayuntamiento de Valladolid, el pasado junio](https://s3.abcstatics.com/media/espana/2015/12/03/ayuntamiento-valladolid-registro--620x349.jpg)
A la segunda fue la vencida. Una semana después de que fracasase el intento «in extremis» de Ciudadanos y el PP por sacar adelante una iniciativa de la formación naranja para incrementar la protección de los funcionarios que denuncien presuntos casos de corrupción, esta vez sí ha prosperado. Los de Albert Rivera volvieron ayer a defender en el pleno de las Cortes su propuesta, contando esta vez sí con los populares, permitiendo así con los votos del partido mayoritario el «ok». Eso sí, por el camino se quedaron los respaldos de los otros grupos, que sí había logrado concitar C’s una semana atrás.
Y todo por la enmienda del Grupo Popular aceptada por el de Ciudadanos, que causó los recelos del resto de la oposición, de modo que Podemos votó en contra, mientras que PSOE y Grupo Mixto (IU y UPL) optaron por la abstención.
La Proposición no de Ley (PNL), defendida por el líder de C’s , Luis Fuentes, insta a la Junta a desarrollar en un plazo de un año -y no seis meses como figuraba en el texto debatido en la anterior sesión plenaria- una normativa autonómica «innovadora» en España que proteja jurídicamente a los empleados públicos y funcionarios que denuncien episodios de corrupción en la administración. Además, hace esta misma demanda al Gobierno y le pide que adecue las penas por denuncias falsas probadas , informa Ical. Los populares propusieron, a través de una enmienda, cambiar el término divulgar por el de denunciar, así como endurecer las penas por denuncias falsas.
Sin consenso
Fue precisamente este punto el que generó recelos en los grupos de la izquierda y el Mixto. Los tres se opusieron al considerar que supone una «coacción» para los empleados públicos. Así, pidieron a Ciudadanos que aclarara su posición y Luis Fuentes aseguró que el texto apostaría por el término «denuncien» y señaló que en lugar de pedir al Gobierno una normativa y endurecer las penas, planteó adecuarlas a las denuncias falsas probadas.
Fuentes pidió un esfuerzo a los grupos para mantener el acuerdo alcanzado en la anterior sesión y recordó que algunos, en referencia al PP, han descubierto que llevan esta iniciativa en su programa electoral para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre.