El fraude fiscal descubierto por la Junta se reduce a la mitad por la crisis

En un momento como el actual en el que el -presunto- fraude fiscal está de plena actualidad por los denominados «papeles de Panamá» , la Junta de Castilla y León ha visto cómo en los últimos años se reducía a más de la mitad el dinero que recauda por las irregularidades encontradas en los impuestos cedidos y propios que gestiona el Gobierno regional, esencialmente el de Sucesiones y Donaciones y los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En concreto, la deuda aflorada por los controles del Ejecutivo Autonómico pasó de los 126,4 millones ingresados en el año 2010 a poco más de los 61 del año 2015 con descensos constantes y continuados en cada uno de los ejercicios. Una disminución que también se observa en el número de controles realizados por los técnicos e inspectores de la Consejería de Economía y Hacienda que, tras alcanzar el tope de 34.390 actuaciones en el año 2011, han reducido su «trabajo» a poco más de 26.000.

La explicación a esta disminución estaría tanto en los efectos de la crisis como a las «mejoras» de la información tributaria . Así lo detalla a ABC el director general de Tributos y Financiación Autonómica, Agustín Manzano, que rechaza que exista «un menor esfuerzo» por parte de la administración tributaria. Tras aclarar que los órganos de control realizan actuaciones de comprobación respecto de declaraciones presentadas en el pasado -dos y tres años por su «complejidad» en Sucesiones y Donaciones y entre uno y dos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados-, fija el cambio de tendencia en la labor de vigilancia realizada en 2010 sobre liquidaciones de los años 2007 y 2008 «cuando todavía no había comenzado a manifestarse en todo su extensión los efectos de la crisis económicas en la valoración de los bienes inmuebles». A partir de ese ejercicio, las cantidades afloradas caen porque «la base imponible de los tributos se ve reducida» al depreciarse el patrimonio que afecta a los impuestos inspeccionados.

Además, Manzano señala que entre los años 2010 y 2015 se efectuaron cambios «importantes» que complicaron el fraude. Entre ellos, citó «la imposibilidad de acceder al registro de la propiedad de documentos que no se encuentren liquidados en la Comunidad competente». Antes, acudían a un notario en una autonomía distinta a la que tenía que recaudar, no declaraban el impuesto y podían acceder al registro y eso obligaba a realizar una actuación de inspección que ya no existe en la actualidad y que justifica en parte tanto el descenso de actuaciones como del dinero recaudado. También como consecuencia de la crisis el número de autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes ha ido «disminuyendo» desde el año 2007 y esta caída «tiene su reflejo en el número de inspecciones que pueden iniciar los órganos tributarios», según Manzano.

Si bien el número de actuaciones no deja de descender por los motivos ya reseñados, los datos de la Junta muestran que las actas de inspecciones levantadas por caso específicos descubiertos -al margen de las comprobaciones de gestión extensivas- no presentan una tendencia tan definida. Así, las 475 abiertas durante el pasado año superan las de varios ejercicios anteriores -sin llegar al máximo- y alcanzan un importe superior a los ocho millones de euros -del total de 61 ingresados-, sí muy por debajo de la media de los últimos años -en 2009 se llegó a los 20 millones-.

En consonancia con el descenso del fraude descubierto en estos últimos años, también las sanciones adoptadas por las irregularidades detectadas han caído sensiblemente en la Comunidad hasta el punto de que en 2015 por primera vez en la última década las multas impuestas se situaron en 2015 por debajo del millón de euros , a años luz de los más de 6,2 millones de «castigo» que hubo en 2009.

Al contrario que en otras ocasiones y debido a la recuperación del impuesto, Sucesiones y Donaciones se sitúa a la cabeza en cuanto a sanciones -423.000 euros-, seguido por Transmisiones -322.000- y Patrimonio -97.000-.

Por último, en cuanto a la conflictividad, medida por el porcentaje de recursos que se presentan contra las actuaciones de la administración tributaria, se puede observar una tendencia clara a su descenso, aunque con algún «vaivén». Así, mientras en el caso de Sucesiones y Donaciones se mantiene en el 0,83 por ciento de los expedientes abiertos -antes de 2010 superaba el 1%- en el caso de Transmisiones Patrimoniales el porcentaje es de apenas el 0,34 por ciento, similar al de ejercicios anteriores. En ambos casos, la litigiosidad es mayor en los casos que llevan los servicios territoriales que las oficinas liquidadoras.