Caso Gürtel
La Fiscalía pide siete años y un mes de cárcel para el empresario José Luis Ulibarri
Está imputado por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía pide 7 años y 1 mes de cárcel para el empresario leonés José Luis Ulibarri imputado en la trama Gürtel por prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil.
La supuesta vinculación de Ulibarri se circunscribe a irregularidades en los contratos adjudicados a la trama Gürtel en Boadilla del Monte, según consta en el escrito provisional de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe.
Concretamente, está acusado de la adjudicación a su empresa, UFC SA, de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, en cuya adjudicación supuestamente participó una sociedad que ayudó a encubrir una comisión ilícita.
En su auto, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata indicaba que la citada comisión pactada ascendió a un millón de euros, que se habría encubierto con supuestos pagos por servicios que no se llegaron a prestar.
Por el delito de prevaricación, la Fiscalía pide la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que por el de fraude a las administraciones públicas reclama 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
En cuanto al delito de tráfico de influencias reclama 11 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a lo que hay que sumar, por el delito contra la Hacienda Pública, otros dos años 2 años y 2 meses con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
Además, por este último delito pide que sea multado con 320.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 2 meses y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 4 años.
Finalmente, por el delito continuado de falsedad en documento mercantil la Fiscalía pide las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de 11 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
