La fiscal superior de Castilla y León plantea rebajas de pena a los cómplices de corrupción que denuncien

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, planteó ayer establecer incentivos para denunciar casos de corrupción y fijar dentro de organizaciones y empresas formas de canalizar las denuncias y romper «esos códigos de silencio». «Es necesario mejorar» los cauces de detección de casos de corrupción, reivindicó durante su comparecencia en la Comisión de la Presidencia de las Cortes autonómicas para informar sobre la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad autónoma correspondiente a 2017. En este sentido, planteó la posiblidad de una rebaja de la pena o una excensión de la responsabilidad criminal en aquellos casos en los que los denunciantes han participado de forma no relevante en una supuesta trama y pueden aportar pruebas. «Que el denunciante se sienta protegido», resumió la fiscal superior tras citar Francia y Canadá como lugares en los que se lleva a cabo este tipo de medidas.

Por otro lado, destacó el aumento del porcentaje de sentencias absolutorias en materia de violencia machista, la mayoría debido a que las mujeres no mantienen las denuncias planteadas. Por este motivo, consideró necesario dotar a las mujeres víctimas de violencia machista de una red asistencial que «las empodere» antes y durante el procedimiento para que se mantengan firmes en sus posiciones. Consideró al respecto que una de las causas a las que lo atribuyen los representantes del Ministerio Público es la no reforma del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula la dispensa de declarar para la mujer víctima de violencia de género. «Nosotros intentamos protegerlas -a las víctimas- incluso en contra de su voluntad cuanto hay motivos o riesgos», efectuando una acusación y solicitando de oficio órdenes de protección, argumentó. «Echamos de menos medios necesarios» en la Fiscalía, en los juzgados de guardia, en el ámbito policial, áreas donde se valora «debidamente» el riesgo, con el fin de elegir el mejor recurso para la protección, reconoció Rodríguez, que reivindicó medios en este sentido. Además, recordó que se invierten cantidades de dinero en cuestiones como el Pacto de Estado que llegan a la distintas administraciones, pero lamentó que esas inversiones no se plasmen en la Justicia. Rodríguez llamó también la atención en este aspecto sobre la falta de dotaciones en el área policial para el seguimiento de las órdenes de protección.

Al hablar de la trata de seres humanos, explicó que es un delito que recae fundamentalmente en las mujeres, en colectivos vulnerables, y adelantó su intención de activar los protocolos relacionados con la comisión de estos hechos, informa Efe.