El fiscal pide la suspensión del juicio por el accidente de La Vasco y las acusaciones, la nulidad

El Juzgado de lo Penal 2 de León ha acogido este martes una sesión con el fin de valorar las actuaciones procedentes conforme al estado actual del juicio por el accidente que el 28 de octubre de 2013 causó la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa (HVL) y lesiones a otros ocho trabajadores.

En ella, el Ministerio Público ha considerado que lo que procede es la « suspensión» del juicio , mientras que las acusaciones reclamaron su «nulidad» . Escuchados los argumentos de las partes, será la jueza la que dé a conocer su decisión próximamente. En todo caso, las declaraciones previstas en el calendario que se había fijado han quedado suspendidas .

Según ha explicado el fiscal, la existencia de dos pólizas de seguro que cubrirían la responsabilidad civil de dos de los acusados, José Eliseo Solís y José Marcos Ulecia, es una «revelación inesperada» que hace «imprescindible» ahora la «práctica de una instrucción complementaria» en la que se «averigüe» también si otros acusados, «porque tienen la misma profesión» y están colegiados, podrían estar cubiertos también por algún seguro (en la sesión celebrada el día cinco los otros 14 manifestaron que no).

Para ello, el Ministerio Público ha considerado que lo que procede es la «suspensión» del juicio para practicar esta información suplementaria de forma que no se produzca la indefensión de los acusados ni de esta nueva aseguradora (Mapfre). Dicho esto, ha dejado claro que en su opinión «no procede la nulidad de actuaciones, no procede la reserva de acciones civiles, pero sí la devolución al Juzgado de Instrucción por la necesidad de practicar una sumaria instrucción suplementaria».

Por su parte, las acusaciones han reclamado la nulidad del proceso «por la relevancia que tiene en cuanto a la modificación de las personas que están siendo objeto de acusación», mientras que las defensas han negado que se haya producido una ocultación de información y que el retraso en proceso supone una «dilación» indebida que obliga a la retrotracción de las actuaciones.