Medio Ambiente
El feldespato mina la moral abulense
El proyecto de una explotación en la Sierra de Ávila pone en pie de guerra a sus vecinos y suma 4.000 alegaciones
Son pocos habitantes, en su mayoría mayores, lo cual dicen que es «una fortaleza» para los proyectos polémicos porque, en principio, su perfil poblacional «evita el conflicto social» que se daría en una ciudad. Sin embargo, el envejecido medio rural de la Sierra de Ávila ha roto con lo que se «esperaba» de él y ha conseguido poner en pie a media provincia abulense en contra de la mina de feldespato que se proyecta en la zona.
La historia no comienza ahora. En 2008 se solicitó explotar una mina de feldespato en la Sierra de Ávila. No hubo alegaciones y se concedió, pero hace unos meses se ha hecho uso de esos derechos y se ha presentado el proyecto en cuestión, y aquí la empresa que pretende ejecutarlo -Antonio y Javi S.L.- se ha encontrado con un muro sólido conformado por los vecinos de la zona. Hace nueve años «todo pasó desapercibido», pero ahora la noticia llegó a un grupo de 50 personas que conforman un seminario para potenciar el desarrollo de la zona y vieron como la iniciativa «minaba» sus intereses.
El caso es que este seminario pronto derivó en una plataforma -«No a la mina en la Sierra de Ávila»- que denuncia afección sobre «la salud por la contaminación de las aguas y los efectos nocivos de el gas Radón», alerta de «falta de seguridad» por el tránsito de camiones por las carreteras de la sierra que atravesarían poblaciones y pone el acento sobre la «destrucción de un paisaje que ha sido moldeado por actividad sostenible».
En este recorrido, la Plataforma ha contado con un respaldo que traspasaba los términos municipales de Valdecasa, La Torre, Narrillos del Rebollar y Sanchorreja -los afectados por la citada mina-. Y es que «los hijos y nietos del pueblo» han tomado un papel protagonista. No viven allí, pero fue su lugar de veraneo de niños, es la casa de sus abuelos o el paisaje que recuerdan cuando quieren huir del bullicio de la ciudad a donde les ha llevado la vida. Ingenieros, abogados o geólogos vinculados a esta comarca que han permitido transformar el sentir de los vecinos en más 4.000 alegaciones.
La implicación de los «hijos y nietos del pueblo» no sólo ha sido determinante para contrarrestar la falta de conocimientos o capacidad que pudiera tener una población reducida y en su mayoría de avanza edad a la hora de abordar los asuntos técnicos, sino que verles participar «ha sido lo más emocionante», señala Juan Carlos Soto, portavoz de la Plataforma, quien destaca un elevado número de alegaciones respecto a otros casos «de similar impacto», como fue el del agua Bezoya en el Corneja, que asegura que reunió 1.500.
La movilización tomó peso, dicen, recordando lo que «ha sucedido» en otras dos minas cercanas , en Tornadizos y Aldeavieja , que están a «mayor altura», pero que Soto asegura que el «polvo «cubre» los árboles del pueblo. «Son pruebas de lo que no queremos», no «queremos que se altere nuestro paisaje cultural y afectivo», ni la actividad ganadera, ni un impacto ambiental «irrecuperable».
Es en este punto en el que han contado con el apoyo de organizaciones e instituciones. Y es que la empresa al frente del proyecto ha presentado un estudio de impacto ambiental, que considera adecuado el proyecto, un punto que no han visto así desde Seo Bird Life, que denuncia que la zona es un punto clave para la conservación del águila imperial ibérica y el milano real, ambas especies en peligro de extinción.
También ha chocado el informe en la Diputación de Ávila . La institución ha presentado una alegación para reclamar uno nuevo, al considerar que el actual era «muy deficiente y no puede considerarse como válido». A la espera de que llegue, no quieren pronunciarse a favor o en contra de la mina, respetan el procedimiento a seguir, que en unos meses conducirá a la Junta.
Pronunciamiento
En concreto, una vez que ya ha concluido el plazo para la presentación de alegaciones se inicia un periodo de 30 días hábiles en los que la empresa promotora puede contestarlas y completar el expediente. A partir de ahí empieza el procedimiento en la Junta, en torno a finales de diciembre. Revisada la documentación por parte del Servicio Territorial de Fomento y Medio Ambiente, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente deberá de valorar la Declaración de Impacto Ambiental, que se espera para finales de febrero o ya en el mes de marzo. Ni a favor ni en contra, el Ejecutivo autonómico defiende que se ajusta en este asunto a un «procedimiento reglado».
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