La Federación LGTB+ denuncia «retroceso en los derechos» tras la suspensión del protocolo para alumnos transexuales
El colectivo critica la «enorme opacidad· de la Junta
La Federación LGTB+ de Castilla y León denunció este martes que el protocolo para menores transexuales en la Comunidad se encuentra «suspendido», por lo cual sus medidas y procedimientos ya no son de obligado cumplimiento en la administración educativa y los padres de menores transexuales no pueden exigir su cumplimiento. En ese sentido, lamentaron la «ambigüedad deliberada» del Gobierno regional respecto a esta cuestión.
«Esta suspensión del protocolo a iniciativa de la Junta, en deferencia a la denuncia de grupos fundamentalistas religiosos, supone que hay un r etroceso de derechos del colectivo LGTB+ , colocando en la inseguridad jurídica y en la incertidumbre a las madres y padres de menores transexuales que no tienen ya garantía reclamable sobre como se debe tratar a sus hijos en los centros educativos de la comunidad», censuran.
Para FECyLGTB+, «esto es un ejemplo más de como funciona la Junta de Castilla y León, con una enorme opacidad , con protocolos que aprueban o suspenden cuando les conviene y negándose siempre a garantizar derechos por ley al colectivo LGTB+, buscando generar dependencias políticas y redes clientelares».
En representación del colectivo, Ignacio Paredero ha sido contundente: «En todo el tiempo que hemos negociado con la Junta, siempre nos hemos encontrado lo mismo. Nos dicen que pueden tomar ‘medidas’ si nos portamos bien y nos sacamos fotos con ellos, pero se niegan con uñas y dientes a garantizarnos derechos por ley, incluso los que están ya aprobados en mas de diez comunidades autónomas. No queremos ‘medidas’ para hoy y que nos las suspenda mañana el próximo político de la Junta . Queremos nuestra ley, que garantice derechos independientemente del político de turno».
Por su parte, la portavoz trans de FECylGTB+, Amanda Azañon , explicó que la mayor parte de los elementos que la Junta recortó de la ley para hacer «su borrador» fueron «derechos concretos, reclamables, subjetivos». «Lo que está pasando con el protocolo nos reafirma una vez más en que no podremos aceptar una ley que no garantice de manera inequívoca nuestros derechos. Si no son derechos claros y reclamables o su concreción se remite a protocolos, nuestros derechos no están garantizados ante las presiones de grupos fundamentalistas, como hemos podido ver con claridad esta semana», remachó.
