Sociedad

Los docentes deberán acreditar antes de que termine el curso que no han sido condenados por delitos sexuales

Familia exigirá también a los monitores de tiempo libre y ocio de los niños el certificado de penales

La medida afectará a más de 300 monitores y coordinadores, así como a 25.000 profesores de la escuela pública ICAL

MONTSE SERRADOR

La Consejería de Educación cursó este mes a las direcciones provinciales de Educación una instrucción por la que los docentes de los centros públicos de la enseñanza no universitaria de la Comunidad tendrán un plazo de mes y medio (entre el 18 de abril y el 31 de mayo) para autorizar a la Junta a que solicite el certificado de penales que acredita que no han sido condenados por un delito de abusos sexuales . De esta forma, se pretende dar cumplimento a la Ley estatal que empezó a aplicarse el pasado mes de agosto, por la que todas las personas que atiendan a menores deberán aportar dicho documento. Para ello, según han indicado a ABC fuentes de la Consejería, se habilitará una aplicación en el portal de Educación en la que los docentes autorizarán a la Administración autonómica a solicitar el citado certificado de penales a la autoridad competente, en este caso a la Administración de Justicia. De esta forma, el próximo curso podría arrancar con todos los profesores de la escuela pública con su correspondiente aval de que están libres de antecedentes penales. Este mecanismo está contemplado en la propia legislación, de forma que aquellas personas que trabajan con niños y jóvenes en el ámbito público no necesitan realizar la solicitud en persona, sino que es la propia administración por la que están contratados la que puede hacerlo.

En cuanto a los trabajadores interinos que se van incorporando de forma temporal, éstos podrán optar entre presentar el certificado personalmente o autorizar a la Junta a reclamarlo. En la misma situación se encontrarán los nuevos docentes que accedan a las plazas del concurso convocado recientemente.Así, la medida afectará a los más de 25.000 profesores de la escuela pública de la Comunidad. En el caso de la concertada, que absorbe a unos 7.500 docentes, éstos ya han comenzado a presentar en sus respectivos centros educativos el documento acreditativo, según señalaron fuentes de Escuelas Católicas Castilla y León.

También para los monitores de ocio

Junto a estas medidas, al amparo de la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dio ayer el primer paso para garantizar la atención que reciben jóvenes y niños, en este caso, en el marco del ocio y el tiempo libre. Así, según publicó ayer el Boletín Oficial de Castilla y León, todos los monitores de tiempo libre que participen en actividades organizadas por este departamento deberán presentar el certificado de penales. Este requisito, en principio , afecta de forma directa a 372 monitores y coordinadores que trabajan en las iniciativas dependientes de la Consejería y que el pasado año movilizaron a 2.844 menores entre 9 y 17 años. Pero, además, todas aquellas entidades privadas que organicen este tipo de actividades (campamentos, jornadas, cursos, ocio...) deberán también acreditar que no han sido condenados por abusos sexuales. En este caso, la medida afectará a unas 700 entidades que desarrollan iniciativas de promoción juvenil en la Comunidad, en las que participan unos 50.000 jóvenes y trabajan 6.250 personas.

El director general de la Juventud, Eduardo Carazo, explicó que la nueva orden busca que «los padres tengan todas las garantías para que sus hijos puedan participar en diferentes actividades, como puede ser ir a un campamento». Se trata, en definitiva, de aportar «la mayor seguridad posible» a la diversión que se ofrece desde la Administración autonómica. En el caso de las entidades privadas, son éstas las que están obligadas a exigir el certificado a sus empleados y es la Junta la que, en su labor de inspección, comprobará que todas las personas contratadas para realizar una labor con menores han acreditado que no han cometido delitos sexuales. En caso de no existir este documento, se procederá a sancionar. En la Orden se regula también las autorizaciones a las empresas promotoras con el objetivo de facilitar los trámites necesarios y mejorar la información a las familias que, a través de la página web de la Junta, podrán acceder a toda la información sobre la iniciativa en aspectos como la seguridad o la alimentación.

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