Estafa de los ataúdes de Valladolid
Una exempleada vio retirar varias veces un féretro de unos 12.000 euros antes de la cremación
La testigo asegura ante el juez que preguntó por este hecho y le respondieron entre risas que era por el reciclaje
Una exempleada del Grupo Funerario El Salvador de Valladolid, empresa investigada por que supuestamente cambió ataúdes antes de la cremación y los reutilizó, ha asegurado este viernes al declarar como testigo que vio como salía un féretro para incinerar que regresó otras tres o cuatro veces a la funeraria.
Se trataba de un féretro muy especial, muy ornamentado, con un precio de unos 12.000 euros, ha narrado la testigo, quien ha argumentado que por esas características concretas del ataúd sabía que era ese mismo el que llegó a ver salir y entrar unas tres o cuatro veces, han explicado este viernes a Efe fuentes del caso.
La extrabajadora ha declarado como testigo en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, que se ocupa del caso, centrado en averiguar si el dueño, varios familiares y trabajadores del grupo El Salvador vendieron féretros que retiraron antes de incinerar y los volvieron a vender, una estafa continuada que pudieron cometer durante veinte años con casi 6.000 ataúdes.
La testigo ha relatado cómo preguntó en la funeraria por ese ataúd tan grande y caro que ella observó varias veces entrar y salir y le contaron entre risas que correspondía al reciclaje -a la retirada de un ataúd antes de la incineración para volver a usarlo-, han precisado dichas fuentes.
Ha asegurado que quien daba las órdenes a través de un encargado era el dueño de la empresa, Ignacio M., quien fue arrestado y permanece en prisión bajo fianza de 800.000 euros.
Además del propietario del Grupo El Salvador, continúan en prisión uno de sus hijos, también con la opción de abandonar la cárcel si abona una fianza de 800.000 euros, y una hija del dueño, en este caso con la posibilidad de salir de la penitenciaría si abona 400.000 euros.
Los tres miembros de la misma familia fueron arrestados dentro de la operación policial «Ignis», que conllevó la detención en un principio de otras trece personas que fueron puestas en libertad tras prestar declaración.
En una nueva fase de «Ignis», los agentes detuvieron ayer a otras diez personas, trabajadores de la empresa funeraria, que pudieron haber colaborado en la estafa continuada de la reventa de los ataúdes y que hoy prestan declaración ante el Juzgado de Instrucción 3, en funciones de guardia.
Previsiblemente, una vez que presten declaración, serán puestos en libertad, si así lo decide el titular del Juzgado, para posteriormente volver a comparecer en una fecha aún por determinar en el Juzgado de Instrucción Número 6, que se ocupa del caso.
Las indagaciones continúan avanzando y por el momento el Cuerpo Nacional de Policía ha contabilizado más de trescientas denuncias presentadas por parte de personas que pudieran haber resultado afectadas por la estafa, supuestamente cometida en principio entre 1995 y 2015.
Mientras, la Plataforma de afectados de la Funeraria El Salvador, conformada por el despacho Bárbara Royo y Castellana 266 Abogados, ha solicitado la clausura temporal de los tanatorios de la empresa El Salvador durante la instrucción del procedimiento y hasta que se garantice que no se vuelven a llevar a cabo estas prácticas, una petición pendiente de lo que decida el Juzgado.
La declaración de la testigo que ha comparecido este viernes en Instrucción 6 se ha llevado a cabo en presencia del ministerio público, letrados de las acusaciones particulares y de las defensas.
Liberados 9 de los 10 detenidos
Por otro lado, el juzgado de instrucción 3 de Valladolid, en funciones de guardia, ha acordado este viernes la libertad de los nueve detenidos que habían pasado hoy mismo a su disposición, en el marco de la investigación de una estafa cometida al cambiar féretros antes de la incineración para reutilizarlos
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), son ya 25 los investigados por unas diligencias de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
Ayer fueron arrestados diez trabajadores del grupo funerario El Salvador dentro de la operación Ignis, según fuentes del caso, pero el TSJCyL ha explicado que a disposición del juzgado de guardia se pusieron nueve personas, que son de las que el juzgado de guardia ha acordado la libertad provisional.
Por lo tanto, son ya 25 las personas que están investigadas en esta causa que lleva el juzgado de instrucción número 6 de Valladolid.
Entre los detenidos se encuentran el dueño del grupo funerario El Salvador y dos de sus hijos, que permanecen en prisión por decisión judicial, en concreto el propietario Ignacio M., sin fianza; uno de los hijos con la opción de salir de prisión si abona 800.000 euros y una hija si paga 400.000 euros.
Por el momento se han presentado más de 300 denuncias ante la Policía Nacional de personas que se sienten perjudicadas en el caso que se investiga, que trata de averiguar si el grupo funerario se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar los cadáveres y los revendía, con la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.
