Los exconsejeros de Caja España declararán tras perder sus recursos

Pese a los variados recursos presentados por las diferentes defensas de los consejeros investigados por el denominado «caso Llamas», todos los citados tendrán que declarar finalmente el lunes y el martes próximo . Así lo ha ratificado este pasado jueves la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León, Rocío González Boñar, con la remisión a las partes de sendos autos en los que desestimaba el enésimo intento de evitar que todos los que firmaron -salvo Fernando Martínez-Maillo por su condición de aforado- en febrero de 2009 el acuerdo para la refinanciación de los créditos del entonces presidente de la entidad, Santos Llamas, tengan que responder a las preguntas de la magistrada y -si no se niegan- a las del fiscal y las tres acusaciones populares. Así, por un lado, rechaza el recurso de reforma de la representación , entre otros, del exalcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez, que reclamaba el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias. Por el otro, también desestima la petición del abogado del concejal de León Agustín García-Prieto de que considerara prescrito su presunta responsabilidad penal, al tiempo que mantiene su declaración para el martes al no admitir tampoco el argumento de la falta de tiempo para preparar la defensa.

Estos últimos recursos se suman a otros en los que se cuestionaba , por ejemplo, el derecho de Izquierda Unidad, Izquierda Abierta y Ecologistas en Acción a ejercer como acusación.

Y es que la juez, en coincidencia con la opinión del Ministerio Fiscal, mantiene que «existen indicios suficientes» para encuadrar los hechos investigados «en un delito de administración desleal». La magistrada señala al respecto que las concesiones de crédito a Llamas y a las empresas vinculadas a él se hicieron «con la infracción de la normativa vigente» y que la actuación de los consejeros «produjo un ataque al interés económico defraudando las ganancias comerciales de la sociedad».

La instrucción se centra especialmente en una refinanciación concreta autorizada por los consejeros a Llamas con la que «se evitó la calificación como dudosos de los riesgos» de la operación, así como «su cese como presidente y consejero por incompatibilidad», lo que pudo haber provocado un daño a la entidad de 29 millones de euros -se le concedieron más de 60-.