DEBERES ATRASADOS

La eficacia de un órgano legislativo se mide, entre otros indicadores, por el número y calidad de las disposiciones normativas aprobadas en cada periodo. En el mes de marzo del año 2019, el Congreso de los Diputados de la XII Legislatura llevaba aprobadas apenas once leyes orgánicas y otras veintinueve leyes ordinarias. Un total de 39 durante 29 meses, desde el 17 de noviembre de 2016. La indecisión de Rajoy, dejando pasar la ocasión de convocar unas elecciones generales antes de resultar defenestrado durante la moción de censura (transmutado de Presidente a bolso de Vicepresidenta) convirtió a Pedro Sánchez en «presidente por accidente» de nuestro país. Y éste, una vez instalado, dejó pasar el tiempo demorando la convocatoria de elecciones durante casi un año más, debido a lo cual la producción legislativa de la Cámara siguió bastante mermada.

Llegada la convocatoria de las elecciones generales del pasado mes de abril, al disolverse las Cámaras decayeron por caducidad numerosos proyectos de ley de una gran importancia y relevancia para el día a día de los ciudadanos españoles. El día 27 de marzo de 2019, el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba una relación de «iniciativas caducadas y de iniciativas trasladadas a la cámara que se constituya», incluyendo, entre las primeras, dos de reforma constitucional, más de veinte instrumentos internaciones y decenas de proyectos y proposiciones de ley, y, entre las segundas, varias iniciativas legislativas populares, como la formulada para la efectiva igualdad y equiparación salarial de los Policías del Estado Español.

De todas las caducadas, me ha llamado especialmente la atención el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. Este tema largamente aplazado dio lugar a que la Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Infancia y Adolescencia, Virginia Millán, tuviera que dirigirse ya en el año 2018 a la entonces Ministra recordando un compromiso adquirido en el mes de septiembre de 2017, y consistente en intentar avanzar en la cuestión en un plazo inferior a doce meses.

El informe redactado por el Consejo Económico y Social a la vista del anteproyecto, aprobado en el mes de febrero del año 2019, recordaba «el retraso con el que se produce la adaptación del ordenamiento jurídico a dichos compromisos (la prevención y protección frente a cualquier forma de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad)». Un retraso recordado al gobierno de España por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas –informe de 5 de marzo de 2018– y por la Comisión Europea (por la tardanza en completar la trasposición de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil). Deberes atrasados del Congreso de los Diputados que la incapacidad del aspirante Sánchez para formar gobierno pueden demorar aún mucho más, con el consiguiente perjuicio para aquellos cuyos intereses se pretende tutelar mediante las normas pendientes de aprobación.