El empresario minero Victorino Alonso se sienta este lunes en el banquillo por un delito contra el medio ambiente
La Fiscalía solicita ocho años de prisión y la restauración completa del daño ecológico ocasionado en la zona de la explotación a cielo abierto en Cabrillanes (León)
La Audiencia Provincial de León sentará este lunes y martes en el banquillo de los acusados al empresario minero Victorino Alonso para juzgarle por un delito contra el medio ambiente por la explotación minera de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en los parajes conocidos como Nueva Julia y La Mora, situados en el término municipal de Cabrillanes.
En concreto, Alonso se sentará en calidad de presidente, gerente, accionista mayoritario y administrador de la sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada y su sucesora Coto Minero Cantábrico y estará acompañado por el que fuera jefe de la explotación minera hasta el año 2010.
Según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía del Área de Ponferrada y recogido por Ical, la actividad de MSP y CMC en la zona de Nueva Julia-La Mora se desarrollaba «de manera plenamente consciente y deliberada, sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental en vigor”, a lo que se sumó la utilización de terrenos del Ayuntamiento de Villablino «sin contar con autorización legal ni licencia».
La Fiscalía sostiene que, una vez abandonada la explotación y liquidada concursalmente la CMC, « no se ha llevado a cabo actividad alguna de restauración ambiental en todo el conjunto de la mina a cielo abierto, ni en zonas de uso autorizado para la extracción ni en zonas de restauración ni en zonas fuera de uso de la explotación», haciendo además «caso omiso a las disposiciones legales y normativas medioambientales existentes en la materia».
«Afectación gravísima»
En este sentido, el escrito sostiene que la actividad desarrollada por MSP y su sucesora CMS en la zona «ha provocado una afectación gravísima para el medio ambiente y el entorno natural» en «ecosistemas fluviales y captaciones de agua, hábitats de interés comunitario y fauna».
Unos hechos constituyentes, para la Fiscalía, de «un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente» por el que solicita ocho años de prisión , 30 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de labores en la administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por un tiempo de seis años y nueve meses.
Asimismo, se deberá proceder a la restauración completa del daño ecológico y medioambiental ocasionado por MSP y CMC en la cantera que explotaban en la zona de Nueva Julia-La Mora conforme a los correspondientes proyectos de restauración integral de la zona a elaborar por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
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