Educación suspende la aplicación del protocolo para alumnos transexuales
La decisión se adopta tras ser admitida a trámite la demanda de Abogados Cristianos contra la Consejería
La Consejería de Educación ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la Comunidad del «protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa» que tenía previsto implantar este año. La decisión se adopta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya admitido a trámite una demanda contra la Consejería por la aplicación de dicho protocolo .
Según confirmaron a ABC fuentes del departamento de Rocío Lucas, la denuncia, que fue interpuesta por Abogados Cristianos , reclamaba, además, la suspensión inmediata de dicha norma que ya se había puesto en marcha durante el pasado curso de forma experimental en algunos centros. Esta consideración de programa piloto hizo que el tribunal no aceptase la suspensión cautelar, si bien la Consejería ha optado finalmente por su paralización a la espera de que el TSJ se pronuncie definitivamente sobre el contenido concreto del protocolo denunciado para, a partir de ahí, poder continuar con el diseño de la iniciativa y su puesta en marcha.
El protocolo para alumnos transexuales fue elaborado en la anterior legislatura con Fernando Rey como consejero de Educación. El rechazo desde colectivos como el Foro de la Familia , que amenazó con llevarlo a los tribunales, fue inmediato y se materializó en la presentación por parte de Abogados Cristianos de una demanda contra el departamento de educación.
Incluido en la ley
La citada normativa aparecía recogida en el proyecto de ley de diversidad sexual que fue aprobada por las Cortes el pasado año en forma de proposición de ley, tras aceptarse el texto presentado en el parlamento por los colectivos LGTBi y conseguir el apoyo de toda la oposición (PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto). Sin embargo, la iniciativa legislativa decayó al acabar la legislatura, si bien la Consejería de Familia diseña actualmente un nuevo proyecto de ley que el Gobierno de coalición PP-Cs ha planteado como una de sus prioridades.
El protocolo, ahora bloqueado, se dirige a todos los centros educativos de la Comunidad sostenidos con fondos de la Administración autonómica, es decir, tanto públicos como concertados. En él se marcan las pautas de actuación ante la existencia de alumnos cuya identidad sexual no corresponde con la asignada al nacer, con el fin de conseguir su «inclusión educativa». Se insiste en medidas destinadas a garantizar «centros seguros libres de acoso, agresión o discriminación», así como a detectar de manera temprana actitudes que supongan discriminación o prejuicio.
Además, se recomiendan algunas actuaciones en los propios centros como la existencia de baños mixtos o la garantía de que el alumno tiene plena libertad en el uso de la indumentaria con la que se sienta más identificado .
Se incorporan también actuaciones en materia de sensibilización y concienciación para lograr el «reconocimiento y normalización de la identidad de género o comportamiento de género no normativo». Es en este punto donde los demandantes hacen especial hincapié al denunciar que de esta forma se introduce en los centros educativos una ideología de género con la que no están de acuerdo.
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