Tribunales

Ecologistas en Acción pide ser acusación popular en la «trama eólica»

La juez le exige una fianza de 20.000 euros para personarse en la causa y la organización anuncia que recurrirá esta decisión

ABC

La organización Ecologistas en Acción (EA) ha presentado un escrito con el fin de personarse como acusación popular en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid sobre el presunto cobro de comisiones por importe de 80 millones de euros en el proceso de autorización en Castilla y León de parques eólicos , con presunta implicación de una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos de la Junta.

Así lo ha confirmado a Ep el portavoz de la organización ecologista en Castilla y León, Luis Oviedo, quien, sin embargo, ha lamentado la fianza de 20.000 euros que la juez del caso ha impuesto a la asociación como condición para darla por personada en esta «causa compleja».

Por ello, Oviedo ha anunciado su propósito de presentar este mismo viernes recurso contra el auto de la instructora para lograr figurar en el proceso como acusación popular sin tener que abonar cantidad alguna o, en su defecto, una cantidad mínima , pues, como así advierte, «depositar 20.000 euros supone el presupuesto del colectivo para todo el año».

El máximo responsable de EA justifica la pretensión del colectivo de ser sumarse al proceso dada la «trascendencia» de los hechos investigados y porque los mismos «vulneran o afectan directamente a los objetivos de la asociación», entre los que ha citado la lucha por conseguir energías limpias , la defensa del medio ambiente, y por entender que la actuación de las personas investigadas ha «lesionado bienes y derechos de todos» .

EA figura ya como acusación popular en otros proceso que actualmente se siguen en distintos juzgados, como en el caso de la planta de residuos de Fuentepelayo (Segovia), donde no ha tenido que abonar fianza alguna, así como en la causa abierta al anterior Consejo de Administración de Caja España, en el que ha tenido que depositar 2.000 euros, o en la que investiga la presunta contaminación al medio ambiente de la fábrica de tableros Kronospan, en Burgos, tras consignar 1.000 euros.

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